La Unión Europea ha alcanzado este jueves un acuerdo político para crear, por primera vez, una lista común de «países de origen seguros» con el objetivo de agilizar la expulsión de inmigrantes cuyas solicitudes de asilo tienen altas probabilidades de ser rechazadas. Sin embargo, la medida —presentada como un avance— no podrá aplicarse antes del verano de 2026, lo que vuelve a evidenciar la lentitud estructural de la política migratoria comunitaria. Cabe recordar que esta lista fue una propuesta de Patriotas por Europa y otros grupos soberanistas.
El acuerdo, cerrado entre negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo, incluye en su primera versión a Colombia, Bangladesh, Egipto, India, Kosovo, Marruecos y Túnez, además de los países candidatos a la adhesión a la UE, entre ellos Turquía y Ucrania.
Según la Comisión Europea, la inclusión en esta lista permitirá procedimientos acelerados de asilo, reduciendo los plazos de tramitación de seis a tres meses, y facilitará los retornos de nacionales procedentes de países donde menos del 5% de las solicitudes de asilo son aceptadas.
Entre los países incluidos figuran Marruecos y Colombia, dos de los principales puntos de origen de flujos migratorios hacia Europa y España. Para Bruselas, se trata de países que, pese a generar inmigración ilegal, no cumplen los criterios para conceder protección internacional de forma generalizada.
También se han incluido Estados con acuerdos de exención de visados con la UE que, según la Comisión, plantean «problemas significativos» de inmigración ilegal, un reconocimiento implícito del fracaso de estas políticas de apertura.
La lista incorpora automáticamente a los países candidatos a entrar en la UE —Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, Turquía y Ucrania— bajo el argumento de que, «en principio», respetan el Estado de derecho y los valores comunitarios.
No obstante, Bruselas admite que podrán ser excluidos en circunstancias excepcionales, como episodios de violencia extrema, sanciones del Consejo o si más del 20% de las solicitudes de asilo de sus nacionales son aceptadas.
Pese al acuerdo político, la lista no sustituye las listas nacionales que ya aplican algunos Estados miembros y no tendrá efectos prácticos inmediatos, ya que depende del despliegue completo del Pacto de Migración y Asilo, cuya aplicación plena está prevista —si no hay más retrasos— para 2026.
Hasta entonces, los Estados seguirán enfrentándose a procedimientos largos, recursos judiciales masivos y una capacidad muy limitada de ejecutar deportaciones, uno de los grandes puntos débiles de la política migratoria europea.
La creación de esta lista común confirma, una vez más, el reconocimiento implícito de Bruselas de que el sistema actual no funciona, aunque la respuesta vuelva a llegar tarde, diluida y subordinada a los tiempos de la burocracia comunitaria.
