La Fiscalía francesa ha solicitado siete años de cárcel y cinco años de inhabilitación para el expresidente Nicolas Sarkozy, dirigente conservador y aliado del PP en el marco del Partido Popular Europeo, por el escándalo de la presunta financiación ilegal de su campaña presidencial de 2007 con fondos procedentes del régimen libio de Muamar el Gadafi.
El Ministerio Público ha pedido además una multa de 300.000 euros para el exjefe del Elíseo, que gobernó Francia entre 2007 y 2012. La petición supone dos años más de prisión que la condena dictada en primera instancia por el mismo caso.
La acusación se ha pronunciado durante una audiencia celebrada este miércoles en el marco del juicio de apelación contra Sarkozy por presuntos delitos de conspiración, corrupción y financiación ilegal de campaña electoral, cuando era líder de la Unión por un Movimiento Popular (UMP), formación que posteriormente dio lugar a Los Republicanos.
Según la Fiscalía, Sarkozy habría alcanzado un «acuerdo» con Gadafi para recibir financiación encubierta a cambio de examinar la situación judicial de Abdalá Senussi, cuñado y mano derecha del dictador libio. Senussi había sido condenado en rebeldía a cadena perpetua en Francia por ordenar el atentado contra un avión de la aerolínea UTA en 1989, en el que murieron 170 personas.
El Ministerio Público sostiene que el régimen libio transfirió unos seis millones de euros a cuentas de un intermediario y que esas maniobras «contaminaron la financiación de las elecciones presidenciales de la Quinta República». La decisión final del tribunal está prevista para el 30 de noviembre.
La defensa de Sarkozy, que se encuentra en libertad condicional desde noviembre bajo medidas de control judicial, insiste en su inocencia. Su abogado, Christophe Ingrain, afirmó a la salida de la audiencia que el expresidente «es inocente» y que su elección «no fue fraudulenta».
«No hubo dinero involucrado en su campaña. No había dinero libio en su patrimonio y con razón: Libia no financió la campaña electoral de Nicolas Sarkozy. No hubo enriquecimiento ilícito», defendió el letrado, que anunció que intentará demostrar la inocencia del exmandatario durante los alegatos finales.
Sarkozy ingresó en prisión el pasado 21 de octubre, denunciando ser víctima de un «escándalo judicial» que, según él, ha «humillado» a Francia. El antiguo dirigente conservador siempre ha negado cualquier irregularidad y ha sostenido que existe una persecución política contra él a través de los tribunales.
