La Fiscalía de Palermo ha pedido seis años de prisión para el vicepresidente del Gobierno italiano y líder de la Liga, Matteo Salvini, acusado de secuestro y abuso de poder por negar el desembarco en agosto de 2019 de 147 inmigrantes rescatados frente a las costas de la isla de Lampedusa por el barco Open Arms.
Según los fiscales, Salvini habría actuado en 2019, no por una estrategia acordada con el Gobierno de Giuseppe Conte — del que era ministro del Interior —, como afirma su defensa, sino por el interés de aumentar su consenso electoral basándose en la lucha contra la inmigración ilegal. Así, han asumido que no había peligro de terrorismo a bordo del barco y, por lo tanto, no había necesidad de proteger la soberanía del Estado.
Además, para la Fiscalía, «la idea de anteponer la protección de las fronteras nacionales a los Derechos Humanos no es aceptable». Según el fiscal adjunto Geri Ferrara, «hay un principio clave que no es discutible: en nuestro sistema, afortunadamente democrático, los Derechos Humanos prevalecen sobre la protección de la soberanía del Estado».
En respuesta, el vicepresidente italiano se ha defendido a través de un vídeo publicado en su cuenta de la red social X. «¿Seis años de prisión por bloquear los desembarcos y defender a Italia y a los italianos? Locura. Defender a Italia no es un crimen y no me rendiré, ni ahora ni nunca», ha dicho. Asimismo, ha acusado a la «izquierda» del Parlamento de decidir que «defender las fronteras de Italia es un crimen», denunciando que «ningún Gobierno ni ningún ministro en la historia han sido acusados y juzgados por defender las fronteras de su país».
Además, la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, ha denunciado que «es increíble que un ministro arriesgue seis años de cárcel por defender las fronteras conforme exige el mandato recibido por los italianos». De esta manera, critica que «transformar el deber de proteger las fronteras de la inmigración ilegal en un crimen es un precedente muy serio».