El informe ‘Bruselas contra la libertad de expresión’ impulsado por Patriotas por Europa ha revelado que más del 90% de los ciudadanos perciben un retroceso en la libertad de expresión, el 95,9% ha exigido respeto a la soberanía cultural y educativa de los Estados y el 93,1% ha señalado que carece de medios para influir en las decisiones de la UE. El estudio será presentado el día 9 de septiembre en Estrasburgo.
El sondeo, que ha recabado 14.610 respuestas en 27 países de la Unión Europea ha confirmado un diagnóstico de desafección democrática en todo el continente. Entre sus principales conclusiones, el 90,6% ha asegurado que la libertad de expresión está hoy «más amenazada» que hace una década y el 87,8% ha denunciado que «la lucha contra la desinformación» se ha utilizado como excusa para censurar.
El estudio también ha mostrado una fuerte crítica hacia el control mediático: el 93,7% ha afirmado que la opinión pública está siendo moldeada por una élite ideológica con acceso privilegiado a los medios de comunicación, y el 75,4% ha sostenido que no existe diversidad política real en los medios financiados por Bruselas.
«La percepción generalizada de que las instituciones privilegian una visión ideológica homogénea, discriminan a los partidos fuera del centro político y restringen el debate público en nombre de una regulación supuestamente neutra ha evidenciado un riesgo sistémico para la democracia pluralista», ha advertido el eurodiputado portugués de Chega, António Tanger Correa, vicepresidente del grupo Patriotas por Europa.
El 89,5% ha denunciado discriminación contra los partidos no centristas y que el 81,8% ha rechazado el cordón antidemocrático aplicado a las fuerzas soberanistas. En cuanto a los mecanismos de participación, el 71,7% ha considerado que las consultas públicas de la Comisión Europea son inaccesibles e ineficaces.
El informe ha evidenciado la pérdida de confianza en los medios tradicionales y en las políticas digitales comunitarias. El 91,5% ha rechazado que los medios traten a todos los partidos con imparcialidad y el 83,1% ha señalado que los proyectos de verificación de hechos financiados por la UE son ideológicamente tendenciosos.
Además, el 82,3% ha considerado que la regulación digital limita el debate democrático, mientras que el 76,6% ha reclamado limitar estrictamente el uso de inteligencia artificial en la moderación de contenidos políticos. Para muchos ciudadanos, las redes sociales se han convertido en el último refugio de libertad. El diagnóstico ha sido claro: el 95,9% ha exigido que la UE respete la soberanía cultural y educativa de los Estados miembros.
Entre los encuestados hispanohablantes, los principales riesgos señalados han sido la inmigración, la censura y la Agenda 2030, mientras que las propuestas de cambio han girado en torno a la recuperación de soberanía y la devolución del poder a los ciudadanos frente a la burocracia de Bruselas.
