La Ley de Igualdad aprobada en Reino Unido en 2010 ha creado un sistema de «discriminación justificada» que privilegia a determinados grupos y perjudica a otros, según un nuevo informe que reclama la derogación de la principal norma antidiscriminación del país.

El estudio, publicado por el Prosperity Institute, sostiene que una legislación presentada inicialmente como una mera actualización normativa ha terminado transformando la contratación laboral, la Administración pública, la cultura empresarial y la interpretación judicial de la igualdad.

Sus autoras, la educadora Alka Sehgal Cuthbert y la abogada laboralista Anna Loutfi, consideran que la norma ha alejado a Reino Unido del principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley para sustituirlo por un modelo basado en identidades protegidas y resultados colectivos.

El informe, titulado Some More Equal Than Others: The Case Against the Equality Act, cuestiona la idea de que la ley se limitara a reunir las distintas normas antidiscriminación existentes. Según sus autoras, supuso un cambio profundo de filosofía jurídica: pasó de prohibir actos discriminatorios concretos a exigir la búsqueda activa de determinados resultados en materia de igualdad.

Cuotas, auditorías y burocracia de la diversidad en la ley de igualdad

En el centro de las críticas se encuentra el sistema de «características protegidas», que incluye categorías como raza, sexo, discapacidad, religión, orientación sexual y cambio de género.

Aunque su objetivo declarado era impedir la discriminación, el informe sostiene que este marco ha llevado a empresas, tribunales y organismos públicos a priorizar la pertenencia a determinados colectivos sobre los méritos, capacidades y circunstancias individuales.

La legislación habría favorecido la implantación de programas de acción positiva, políticas de contratación basadas en diversidad, auditorías de igualdad y cursos obligatorios. También habría impulsado una industria dedicada al cumplimiento normativo que se extiende tanto por el sector público como por el privado.

Las autoras advierten además de que numerosos empleadores toman decisiones condicionados por el temor a posibles denuncias, anteponiendo el riesgo legal a la competencia o al rendimiento profesional.

El informe señala especialmente el Deber de Igualdad del Sector Público, que obliga a las administraciones a considerar objetivos de igualdad en sus decisiones. Según el estudio, esta disposición ha multiplicado la burocracia y ampliado la influencia de activistas y consultores sobre las instituciones públicas.

Para respaldar sus conclusiones, las autoras analizan litigios sobre igualdad salarial y contratación de minorías étnicas en el Servicio Nacional de Salud. A su juicio, estos casos muestran cómo la ley ha extendido la intervención judicial a ámbitos que anteriormente correspondían a empresas e instituciones.

El documento propone derogar completamente la Ley de Igualdad, sustituirla por una norma antidiscriminación más limitada o eliminar algunas de sus disposiciones más controvertidas, entre ellas la acción positiva, la discriminación indirecta y el Deber de Igualdad del Sector Público.