La Policía de Essex ha suspendido el uso de cámaras de reconocimiento facial en tiempo real tras detectar posibles problemas en su funcionamiento relacionados con la equidad del sistema. La decisión se adoptó después de que un estudio señalarala existencia de un sesgo en las identificaciones —dado que los extranjeros cometen más delitos—, aunque las autoridades aseguran que el fallo ya ha sido corregido mediante una actualización del algoritmo y que la tecnología podría volver a desplegarse próximamente.

El sistema, instalado en furgonetas policiales, está diseñado para escanear rostros en espacios públicos y cotejarlos con listas de personas buscadas. Entre agosto de 2024 y febrero de 2025, este dispositivo analizó alrededor de 1,3 millones de caras y permitió la detención de 48 sospechosos, lo que equivale aproximadamente a un arresto por cada 27.000 escaneos. Según los datos oficiales, sólo se registró una actuación errónea en ese periodo.

La polémica surge a raíz de una investigación llevada a cabo por expertos de la Universidad de Cambridge, que evaluaron el rendimiento del sistema con la participación de cerca de 200 voluntarios durante uno de los despliegues. El análisis concluyó que el reconocimiento facial acertaba en torno a la mitad de los casos cuando se trataba de identificar a personas incluidas en las listas de vigilancia, y que resultaba muy poco frecuente que señalara a alguien que no figuraba en ellas.

Sin embargo, el mismo estudio advirtió de diferencias significativas en función del perfil de las personas. En concreto, los resultados mostraron que era más probable que el sistema identificara correctamente a personas negras que a individuos de otros grupos étnicos, así como a hombres frente a mujeres. Estas conclusiones han abierto un debate sobre la imparcialidad de este tipo de tecnologías y la necesidad de un control constante.

Desde la policía de Essex se ha defendido que este informe era solo uno de los dos encargados, y que el segundo no detectó indicios de discriminación. Aun así, optaron por paralizar temporalmente el uso del sistema para colaborar con el proveedor tecnológico y mejorar el algoritmo. Tras nuevas evaluaciones académicas, el cuerpo asegura confiar en que la herramienta ya cumple con los estándares necesarios para su reintroducción en operativos policiales.

El uso creciente de este tipo de sistemas también ha generado inquietud en torno a la privacidad y la gestión de los datos biométricos. El Ministerio del Interior sostiene que las imágenes de las personas que no coinciden con ninguna alerta se eliminan automáticamente de forma inmediata, y que los despliegues se realizan de manera limitada en el tiempo y el espacio, basados en información de inteligencia.

Organismos como la Oficina del Comisionado de Información han insistido en la importancia de aplicar controles rigurosos. Subrayan que las fuerzas de seguridad deben someter estos sistemas a pruebas periódicas para detectar posibles sesgos derivados del diseño, los datos utilizados o las listas de vigilancia. De lo contrario, advierten, existe un riesgo evidente de generar situaciones injustas.