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Mientras la avalancha no cesa

El Gobierno de Sánchez gasta más de 1,6 millones de euros en ampliar instalaciones para acoger a más inmigrantes ilegales en Baleares

Inmigrantes ilegales en Fuerteventura. Europa Press

El Gobierno ha optado por ampliar la capacidad de recepción de inmigrantes ilegales en Baleares en lugar de priorizar acuerdos operativos firmes con Argelia para acelerar las repatriaciones.

La última muestra de esta estrategia es un contrato de emergencia adjudicado por 1.633.265 euros a Tragsa para obras e instalaciones en el Puerto de Palma, el CATE de Palma, Ibiza y Formentera, destinado a atender las necesidades básicas de las inmigrantes ilegales que llegan desde territorio argelino.

Baleares se ha convertido en uno de los principales puntos de entrada de la inmigración ilegal en España. Las llegadas en patera pasaron de 1.464 en 2020 a un récord de 7.321 en 2025, multiplicándose por cinco en sólo cinco años.

En 2026, pese al corte oficial a 15 de julio que reflejaba una ligera bajada, el recuento actualizado a 20 de julio ya supera las cifras del año anterior a la misma fecha, con casi 400 entradas sólo en la tercera semana de julio.

La proyección de cierre apunta a un nuevo récord histórico en torno a 7.600 llegadas, con un techo plausible de 8.000 inmigrantes ilegales durante este año. Mientras la inmigración ilegal cae ligeramente en Canarias, Baleares se mantiene en máximos y gana peso concentrando el 22,4% de todas las entradas ilegales por vía marítima y terrestres en España. La ruta procede casi exclusivamente de Argelia y desemboca principalmente en las Pitiusas, especialmente Formentera e Ibiza.

Frente a esta escalada, la respuesta institucional se ha centrado en ampliar infraestructuras de acogida. Además del contrato de 1,6 millones de euros en obras de emergencia, el Gobierno declaró la emergencia migratoria en Baleares en septiembre de 2025 y elevó el cupo de plazas para menores extranjeros no acompañados. En Formentera, las entradas de menas aumentaron un 87,9% interanual y ya superan el total de todo el año pasado.

VOX ha denunciado esta situación a través de sus portavoces en Baleares. Manuela Cañadas ha señalado que «Baleares ya es la puerta principal de la inmigración ilegal en España, por delante de Canarias. De 187 llegadas en 2018 a 7.350 en 2025. Multiplicado por 39 en sólo siete años. Y subiendo. Los ciudadanos de Baleares sufrimos cada día las consecuencias de su política de fronteras abiertas con una inseguridad insoportable».

Por su parte, Jorge Campos ha alertado del crecimiento exponencial de la inmigración ilegal en Baleares desde 2020 y de cómo residentes y turistas sufren la delincuencia que conlleva este descontrol en el paseo marítimo de Palma.

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