La Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) ha publicado su último informe anual con datos correspondientes a 2025. Según el documento, los cruces ilegales detectados en el conjunto de la Unión Europea han descendido un 25% respecto al año anterior, situándose en 178.000. En 2024 fueron 238.000 y en 2023, 380.000.

Sin embargo, España rompe la tendencia. La ruta del Mediterráneo occidental, que afecta directamente al sur de la península y a Baleares, es la única vía migratoria que registra un aumento. En 2025, las llegadas ilegales por esta ruta crecieron un 14%, hasta alcanzar los 19.000 casos. En 2024 se habían contabilizado 17.000, la misma cifra que en 2023. En 2022 fueron 14.000 y en 2021, 18.000.

Esta estabilización en niveles elevados revela una situación estructural que el Gobierno no ha querido abordar, lo que convierte esta ruta en una puerta abierta y consolidada a la inmigración ilegal, fundamentalmente procedente del norte de África.

Las nacionalidades predominantes en esta ruta son Argelia, Marruecos y Somalia. En el último tramo del año, el 96% de los inmigrantes detectados en esta vía eran argelinos. En el caso concreto de Baleares, esta nacionalidad representó el 61% de los interceptados.

Frontex atribuye el aumento principalmente a un repunte de las salidas desde Argelia. No obstante, señala también la falta de acuerdos de devolución y externalización del asilo como uno de los factores que explican el estancamiento de esta ruta. A diferencia de Italia, que ha impulsado mecanismos bilaterales con países africanos, España no ha adoptado ninguna iniciativa seria en esta línea.

Este contexto refuerza la imagen de un Gobierno ausente en materia de inmigración, que tolera la consolidación de una ruta ilegal año tras año sin ofrecer respuesta, ni en términos de control ni de cooperación internacional.