Los Estados miembros de la Unión Europea han acordado endurecer las condiciones para conceder visados a ciudadanos de Somalia como respuesta a la falta de cooperación de las autoridades somalíes en la readmisión de sus propios nacionales expulsados del territorio comunitario.

La medida afecta a inmigrantes contra los que pesa una orden de salida tras haber entrado o permanecido irregularmente en algún país de la UE, pero cuya deportación no puede ejecutarse debido a la resistencia o pasividad del país de origen.

Los Veintisiete utilizarán así la política de visados como instrumento de presión para obligar a Mogadiscio a colaborar con los retornos.

Sin visados de entrada múltiple

Los países comunitarios dejarán de expedir visados de entrada múltiple a los ciudadanos somalíes. También quedarán suspendidas las facilidades que permitían tramitar de manera acelerada determinadas solicitudes consulares.

El plazo estándar para resolver las peticiones pasará de 15 a 45 días naturales, lo que endurecerá de manera significativa el acceso de ciudadanos somalíes al espacio europeo. Además, los titulares de pasaportes diplomáticos y de servicio perderán temporalmente la exención del pago de tasas de la que disfrutaban hasta ahora.

Una sanción sin fecha de finalización

Las restricciones tienen carácter provisional, pero no incluyen una fecha concreta para su levantamiento. La Comisión Europea evaluará periódicamente la cooperación de Somalia y podrá proponer su retirada cuando considere que el país ha comenzado a identificar y recibir a los nacionales sometidos a órdenes de expulsión.

El objetivo declarado es que las autoridades somalíes expidan documentos de viaje, confirmen identidades y acepten el regreso de quienes no tienen derecho a permanecer en Europa.

Las deportaciones, bloqueadas por los países de origen

Uno de los principales obstáculos de la política migratoria europea es la negativa de determinados gobiernos a readmitir a sus ciudadanos. Las órdenes de expulsión pierden eficacia cuando el país de origen no reconoce al inmigrante, retrasa la documentación necesaria o directamente se niega a recibirlo.

El resultado es que numerosos extranjeros permanecen durante años en territorio comunitario pese a contar con una resolución definitiva de salida.

La decisión contra Somalia supone un paso hacia una política más coherente: los países que reclaman relaciones privilegiadas, ayudas o facilidades de acceso a Europa deben colaborar también con el retorno de sus nacionales.