Los agricultores denuncian la «traición» de Bruselas con el acuerdo con Mercosur que aumentará la competencia desleal y señalan que la soberanía y la seguridad alimentaria «no se negocian».

La Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) ha manifestado que se mantendrá en «pie de guerra» si se firma el pacto porque la ratificación supondría la «muerte del sector primario«. Así, reitera el rechazo frontal a unas políticas comunitarias y acuerdos comerciales que «generan competencia desleal, hunden los precios en origen y ponen en riesgo la soberanía alimentaria».

«Las medidas no garantizan una política común fuerte»

COPA y COGECA —entidad que agrupa a los agricultores europeos— considera que las propuestas planteadas por Bruselas «no están a la altura de la gravedad ni de la urgencia de los problemas que afrontan agricultores y cooperativas sobre el terreno».

«Las medidas debatidas no garantizan una política común fuerte ni una estructura coherente. Al contrario, refuerzan las desigualdades entre Estados miembros, debilitan el mercado único y mantienen la PAC integrada en un Fondo Único, poniendo en riesgo los ingresos agrarios y los objetivos recogidos en el Tratado de la UE», aseveran desde la entidad.

En materia de comercio y reciprocidad, las propuestas «sólo atenúan parcialmente los riesgos derivados de acuerdos comerciales que amenazan las normas de producción europeas», dice. COPA y COGECA reitera su rechazo al acuerdo con Mercosur al considerar que «compromete la competitividad y la equidad del modelo agrario europeo».

Respecto a los fertilizantes, el incremento de hasta un 20% en los costes asociado al Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) «supone una presión insostenible para el sector». No posponer su aplicación a los fertilizantes «agrava una situación ya crítica», subrayan.

Además, señala que la simplificación normativa «debe traducirse en resultados reales, aplicables y efectivos, capaces de desbloquear inversiones y actividad productiva». Así, subraya que los agricultores europeos necesitan «decisiones claras, estructurales y duraderas, no medidas parciales». «El futuro de la agricultura europea y la seguridad alimentaria de 450 millones de ciudadanos dependen de un sector fuerte, competitivo y respaldado por políticas coherentes», concluye.