
Las condenas por delitos sexuales cometidos por ciudadanos extranjeros se han disparado un 62% en cuatro años en el Reino Unido, pasando de 687 en 2021 a 1.114 en 2024. Según las estadísticas del Ministerio de Justicia, obtenidas a partir del registro del Ordenador Nacional de la Policía, el pasado año los extranjeros representaron el 14,1% de todas las condenas de este tipo, lo que equivale a uno de cada siete casos, incluidas violaciones.
El repunte no se limita únicamente a los delitos sexuales. Los registros muestran que, entre 2021 y 2024, las sentencias contra extranjeros por hurtos crecieron un 77,9% y por robos con violencia un 18,9%. En paralelo, los británicos registraron subidas más moderadas: 55,8% en hurtos y apenas un 2,8% en robos.
Las cifras se enmarcan en un contexto de elevada presión migratoria. En 2023, la inmigración neta alcanzó las 906.000 personas, y en lo que va de 2024 ya han llegado a las costas británicas 27.997 personas en pequeñas embarcaciones, la mayor cifra para estas fechas desde que comenzaron los registros en 2018.
El desglose por nacionalidad sitúa a los indios a la cabeza de los condenados por agresiones sexuales en 2024 (100 casos), seguidos de rumanos (92), polacos (83), pakistaníes (56), afganos (43), nigerianos (40), sudaneses (37), bangladesíes (34) y portugueses (33).
El aumento de las condenas a extranjeros contrasta con el de la población británica, que en el mismo periodo pasó de 4.409 casos a 6.142, un crecimiento del 39,3%. Aun así, el ritmo de incremento entre foráneos casi duplica al de los nacionales.
Desde el think tank Centre for Migration Control, responsable de la solicitud de información que destapó los datos, su director de investigación Robert Bates alertó de la necesidad de medidas inmediatas: «Es inaceptable que el Ejecutivo siga actuando como si nada. Los números exigen la creación urgente de una lista roja».
El Gobierno, por su parte, ha respondido defendiendo su política de «mano dura». Un portavoz ha asegurado al Telegraph que cualquier extranjero condenado por delitos sexuales será deportado «a la mayor brevedad» y se verá privado de cualquier posibilidad de asilo bajo la nueva legislación fronteriza. Ha añadido además que en el primer año de mandato ya se expulsó a cerca de 5.200 delincuentes extranjeros, lo que supone un 14% más que el año previo, y ha recalcado que el Ejecutivo «seguirá persiguiendo con firmeza a todo aquel que llegue al país para quebrantar la ley».