Nigel Farage, líder patriota que en estos momentos lidera todas las encuestas en el Reino Unido con mayoría absoluta, ha expuesto su plan de deportación masiva de los inmigrantes que arriban ilegalmente en pequeñas embarcaciones a las costas británicas. A su juicio, el país atraviesa una «crisis de enormes proporciones» y la única vía de solución pasa por detener y expulsar a todos los que entran de forma irregular.
El programa, bautizado como Operación Restaurar la Justicia, contempla la construcción de centros de internamiento con capacidad para 24.000 personas en un plazo de 18 meses. Estos complejos, según Reform UK, costarían unos 2.500 millones de libras y se levantarían en bases militares, con estructuras prefabricadas y régimen cerrado: los internos no podrían salir ni pedir libertad bajo fianza. Mientras esperan ser deportados, serían retenidos en esas instalaciones.
La estrategia requeriría abandonar el Convenio Europeo de Derechos Humanos y desvincularse de acuerdos internacionales como la Convención de la ONU contra la Tortura. En su lugar, se promulgaría una Carta de Derechos británica, que eliminaría cualquier referencia a «derechos humanos» y se centraría en nociones como «libertad» y «seguridad», priorizando de forma explícita a los ciudadanos británicos frente a los extranjeros.
Farage plantea firmar convenios de repatriación con Afganistán, Eritrea y otros países de origen de quienes cruzan el Canal, pese a que sus gobiernos han sido denunciados por violaciones de derechos humanos. Como alternativa, propone enviar inmigrantes a terceros países como Ruanda o Albania y, en última instancia, a territorios británicos de ultramar como la isla Ascensión. «El mensaje debe ser inequívoco: si vienes, no te quedas», declaró.
El líder de Reform aseguró que el Ministerio del Interior estaría obligado por ley a ejecutar estas expulsiones, con el objetivo de que despeguen cinco vuelos chárter diarios para trasladar a cientos de miles de personas fuera del país. Además, se crearían nuevos delitos para quienes destruyan su documentación o intenten regresar tras ser deportados.
El plan, que costaría unos 10.000 millones de libras en cinco años, sería, según sus impulsores, rentable: eliminaría el gasto actual de 7.000 millones anuales en hoteles y manutención para solicitantes de asilo. Para reforzar la política, Reform incluiría un esquema de retornos voluntarios de seis meses. A través de una aplicación móvil, los migrantes podrían «autodeportarse», recibir 2.500 libras y un billete pagado para salir del Reino Unido.
Estas medidas, mucho más duras que las defendidas por cualquier otra fuerza política británica en la historia reciente, se presentan en un clima social cada vez más tenso. Se prevén protestas en distintos puntos del país frente a hoteles donde se alojan inmigrantes, símbolo de lo que Farage califica como «todo lo que está mal e injusto» en el sistema.
