La gestión de las repatriaciones de inmigrantes ilegales continúa siendo uno de los puntos más débiles del sistema migratorio europeo. Las tasas de ejecución bajas, la falta de coordinación interna y, especialmente, la reticencia sistemática de muchos países de origen a cooperar en readmisiones, contribuyen a un problema estructural que deja a miles de inmigrantes ilegales en situación indefinida por todo el continente europeo.

Los datos más actualizados de Eurostat, consultados por LA GACETA, ilustran la magnitud del problema para el periodo desde el cuarto trimestre de 2024 hasta el tercero de 2025, que representa el último año completo con información disponible. En estos cuatro trimestres, se emitieron un total de 480.775 órdenes de salida, pero sólo se ejecutaron alrededor de 119.615 retornos efectivos a terceros países, lo que equivale a una tasa media de ejecución de cerca del 25%. Esto deja a un total de 361.160 inmigrantes ilegales en el limbo durante dicho periodo; con orden de salida emitida, pero sin materializarse la expulsión.

Desglosando por trimestres, en el cuarto trimestre de 2024 (octubre-diciembre) se emitieron 124.935 órdenes de salida, de las cuales sólo 28.630 se tradujeron en retornos efectivos a un tercer país, una tasa aproximada del 23%. En el primer trimestre de 2025 (enero-marzo), las órdenes fueron 123.905 con 28.475 retornos (tasa del 23%). El segundo trimestre de 2025 (abril-junio) registró 116.495 órdenes y 28.355 retornos (tasa del 24%). Finalmente, el tercer trimestre de 2025 (julio-septiembre) vio 115.440 órdenes y 34.155 retornos, alcanzando una tasa del 30%. Estos datos reflejan una ligera mejora en el último trimestre disponible, pero la tasa general del periodo se mantiene por debajo del 25%, destacando la persistencia del problema.

Las nacionalidades con mayor volumen de órdenes de salida en el tercer trimestre de 2025 destacan por su recurrencia y las dificultades asociadas a su retorno. Argelia encabezó la lista con 12.325 órdenes (10,7% del total), seguida de Marruecos (6.670), Turquía (6.350), Afganistán (5.280) y Túnez (4.080). Estos países figuran consistentemente entre los que generan mayores retos operativos, según análisis de la Comisión Europea. La reticencia a identificar nacionales, emitir documentos de viaje o aceptar vuelos de retorno es un factor clave. Por ejemplo, mientras argelinos y marroquíes lideran las órdenes emitidas, los retornos efectivos se concentran más en otras nacionalidades como turcos (3.625), georgianos (2.835), albanos (2.055), sirios (2.020) y rusos (1.580). Este desajuste evidencia que, incluso cuando se emiten órdenes, la cooperación externa determina en gran medida el éxito de las expulsiones.

En el caso de España, la gestión de este asunto presenta desafíos adicionales. En el segundo trimestre de 2025, España emitió 14.545 órdenes de salida, la segunda cifra más alta de la UE después de Francia. Sin embargo, la tasa de ejecución efectiva fue de sólo el 13% en el tercer trimestre de 2025, una de las más bajas entre los Estados miembros, similar a la de Grecia (14%) y por debajo de la media europea. En los primeros tres trimestres del año, esta tasa se situó en torno al 11% para España, lo que implica que la mayoría de las órdenes no se materializan en retornos, agravando el limbo migratorio y la presión sobre recursos locales. Esta baja ejecución, según los datos de Eurostat consultados por LA GACETA, resalta las limitaciones en la aplicación efectiva de las órdenes emitidas.

Esta ineficacia genera un limbo prolongado para cientos de miles —posiblemente millones— de inmigrantes ilegales. Permanecen en territorio europeo sin estatus legal claro, consumiendo recursos públicos como asistencia social, vivienda y servicios sanitarios. La Unión Europea ha impulsado respuestas como la propuesta de un Common European Return System (marzo 2025), destinada a unificar procedimientos y acelerar procesos, junto con mayor presión diplomática a través de acuerdos bilaterales, condicionalidad en visados y cooperación reforzada. Algunos Estados miembros han endurecido políticas nacionales para incrementar retornos forzados, pero sin reformas profundas en la cooperación externa y en la capacidad administrativa y judicial interna, las repatriaciones seguirán representando un desafío persistente y de gran escala.