Los ministros de Asuntos Exteriores de los Veintisiete han acordado por unanimidad designar a la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista, en una decisión histórica que llega tras conocerse datos devastadores sobre la represión en Irán, donde el número real de víctimas mortales superaría las 30.000 personas, según fuentes internas del propio régimen.

La medida, adoptada en Bruselas, supone un giro decisivo en la política europea hacia Teherán y reconoce explícitamente el papel de la Guardia Revolucionaria como brazo armado de la represión interna y actor central en la exportación del terrorismo. La decisión se produce en un contexto marcado por informaciones que desmienten de forma contundente la versión oficial iraní sobre la magnitud de la violencia.

De acuerdo con una investigación publicada por la revista Time, basada en conversaciones con dos fuentes del Ministerio de Salud iraní, al menos 30.000 personas habrían muerto en sólo dos días durante el pico de los enfrentamientos de enero. La cifra multiplica por diez el balance oficial ofrecido por la República Islámica, que hablaba de 3.117 fallecidos hasta el 21 de enero.

Las filtraciones describen un colapso total de la capacidad logística del Estado para gestionar el número de víctimas. Las reservas de material funerario se habrían agotado, el sistema de ambulancias quedó paralizado y las autoridades recurrieron a remolques frigoríficos para el traslado de los cuerpos. Expertos en epidemiología y estudios sobre asesinatos masivos han comparado la magnitud de la represión con las peores atrocidades del siglo XX.

El informe subraya además que, pese al apagón total de internet impuesto por el régimen, la información ha logrado salir del país gracias a conexiones satelitales, mientras personal sanitario y forense describe los hechos como un crimen de lesa humanidad sin precedentes recientes. Historias individuales, como la de Sahba Rashtian, una joven artista asesinada durante las protestas, se han convertido en símbolos de la brutalidad del régimen.

En este contexto, la designación de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista rompe con años de ambigüedad europea y abre la puerta a sanciones más severas, persecución penal de redes vinculadas al régimen en suelo europeo y un aislamiento diplomático efectivo.