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Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

La posición de Macron con Polonia tensa aún más las relaciones en la UE

Durante la semana que acaba de transcurrir, el presidente francés Emmanuel Macron ha efectuado una visita de estado a Austria, Rumanía y Bulgaria. En el primer país, se reunió con los presidentes de los gobiernos de Eslovaquia y la República Checa. El eje principal de la visita, aparte de un ejercicio de relanzamiento de la Unión Europea muy propio de la grandeur a la que se siente llamado cualquier presidente novicio de la Republique, consistía en ejercer presión sobre los países amigos del centro y este de Europa, mediante estudiadas contraprestaciones, para conseguir su visto bueno a la modificación de la Directiva europea sobre trabajadores desplazados dentro de la UE, que supuestamente amenaza el equilibrio económico del mercado único.

En esta gira, se dejó de lado, se ninguneó, a los dos ogros del club de Visegrado: Polonia y Hungría, huesos duros de roer, a los que se quería doblegar indirectamente. Se entiende el ninguneo a Polonia, pero no se justifica, después de que el gobierno actual cancelase la operación de adquisición de 50 helicópteros militares franceses firmada por el anterior primer ministro Donald Tusk, hoy presidente del Consejo Europeo. En fin, cherchez l’argent, sigan la pista del maldito dinero.

La directiva en cuestión, que data originalmente de 1996, contempla el desplazamiento temporal de trabajadores de un país de la UE a otro para la libre prestación de servicios Se trata del derecho de las empresas de un país (por ejemplo, empresas polacas) a prestar sus servicios en otro Estado miembro (Francia, en esta caso), al que pueden desplazar temporalmente a sus propios trabajadores a fin de que presten allí esos servicios. Para entendernos, el trabajador desplazado paga sus cotizaciones sociales en el país de origen (“país pobre”) y presta sus servicios temporalmente en el país de acogida (“país rico”), y cobra un sueldo propio del país de origen, sin contar con el bonus de desplazamiento, que tiende a equiparar el nivel de emolumentos entre locales y desplazados, pero a la baja lógicamente. Nos movemos dentro de una economía de mercado, al fin y al cabo.

Mais voilá, para nuestro “liberal” presidente Macron, que intenta hacer suyos algunos argumentos defendidos por el izquierdista Mélenchon y mejorar así su decaída popularidad, esto supone un ejercicio de dumping social intolerable para las empresas francesas, cuyos sufridos empleados, cabe recordar, gozan de un horario laboral de 30 horas a la semana. El fontanero de la construcción polaco desplazado en Francia trabaja voluntariamente más horas a la semana y además  a un coste inferior que el trabajador francés. Una amenaza al equilibrio económico europeo, dicen. No importa que el trabajador desplazado lo haga en condiciones laborales dignas, como precisamente garantiza la directiva europea.

¡Ojo! Claro que hay un punto de verdad en la postura proteccionista de Macron. Toda postura demagógica y populista siempre contiene un punto de verdad, pero esconde la visión de conjunto, y por tanto manipula la realidad.

¿Realmente la directiva en cuestión supone una amenaza para los intereses de Francia? Veamos. En su edición del pasado martes 22 de agosto, el día anterior al inicio de la gira del presidente francés, Le Figaro reconocía que en 2015 había tan solo 286.000 trabajadores desplazados legal y temporalmente en Francia (eso sí, un 25% más que en 2014), de los cuales la mayoría provienen, en ese orden, de Polonia, Portugal y Rumanía. Si contamos con que Francia tiene 300.000 trabajadores desplazados en el extranjero (de los cuales más de la mitad en países de la UE), no parece que estemos ante una verdadera amenaza para el equilibrio económico de la Unión.

La reacción preventiva de la ninguneada Polonia no se hizo esperar. La primer ministro de Polonia, la conservadora Beata Szyzlo, el día anterior al fin de la tournée del presidente francés por tierras del este hizo saber que bajo ningún concepto estaba dispuesta a dar su aprobación a la modificación a la baja de la dichosa directiva. Directiva que, preciso es reconocerlo, beneficia a los países emergentes del centro y este de Europa.

¡Y llegados aquí saltaron los demonios! La reacción del presidente Macron a la declaración de la primer ministro polaca adoptó las formas de lo que en España popularmente conocemos como ‘el primo de Zumosol’. Algunas denigrantes frases de Macron dedicadas a Polonia fueron las siguientes: “con este nuevo error, Polonia se sitúa al margen de la historia, del presente y futuro de Europa”, “los polacos merecen mejores dirigentes que no traicionen los valores europeos”, “lamentamos que el país haya decidido aislarse”. Y otras andanadas, como la amenaza de retirar fondos estructurales. “Cherchez l’argent”, decíamos más arriba.

Traición a los valores europeos. He aquí el quid de la cuestión. ¿A qué valores nos referimos?

Es sabido que los poderes fácticos europeos y Bruselas detestan la política pro familia del actual gobierno conservador polaco, que consideran ultra-derechista, así como su oposición a la ideología de género y al lobby homosexualista. También detestan la negativa de Varsovia a acoger a refugiados musulmanes en aras de la defensa de su identidad nacional, tan castigada a lo largo de su historia. De hecho, el pasado 26 de julio, la Comisión Europea ha lanzado un ultimátum a Polonia, concediéndole el plazo de un mes para conformarse al Estado de Derecho (sic), debido a los cambios operados en la conformación del Tribunal Constitucional y al control de los medios de comunicación de propiedad estatal (como si dicho control no se diese en otros países de la Unión Europea).

No es el momento de analizar la bondad y los errores del gobierno liderado por Beata Slydza. Pero sí de llamar la atención sobre la arrogancia del Presidente Macron, y de Bruselas,  y del desprecio de los valores defendidos por una mayoría del pueblo polaco, con motivo de una cuestión menor, como es la modificación de una directiva europea.

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