Un edificio de oficinas anteriormente utilizado por la Comisión Europea, ubicado en el municipio de Evere, al noreste de Bruselas, ha sido ocupado ilegalmente por al menos un centenar de personas, en su mayoría familias de inmigrantes ilegales procedentes de Europa del Este. La situación ha sido confirmada tanto por la policía local de Bruselas-Norte como por el alcalde de la comuna, Alessandro Zappala (PS).

El inmueble, albergaba hasta el año pasado la sede de la Dirección General de Traducción de la Comisión Europea, que lo había alquilado durante casi dos décadas. Desde su traslado a otra sede, el edificio ha permanecido vacío y sin vigilancia efectiva, lo que ha facilitado su ocupación.

La primera oleada de okupas se instaló en el edificio a principios de noviembre. Testigos del barrio han descrito la llegada de coches, colchones, bolsas, muebles y electrodomésticos. 

El propio alcalde de Evere ha confirmado que varios de los ocupantes provienen de Moldavia. «Al parecer, ya se alojaban en varias casas ocupadas en Bruselas y se han agrupado aquí», explicó Zappala tras una visita al lugar el domingo por la noche acompañado de las fuerzas del orden.

Inicialmente, la policía estimó la presencia de entre 250 y 300 personas, pero la última inspección municipal ha rebajado esta cifra a entre 100 y 150 ocupantes.

El departamento de policía de Bruselas-Norte ha iniciado un procedimiento administrativo conjunto con el Ayuntamiento de Evere y los propietarios del edificio, con el objetivo de analizar las condiciones legales para un eventual desalojo.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la creciente permisividad de las autoridades belgas ante la ocupación ilegal de inmuebles en la capital, una práctica que afecta no sólo a propietarios privados, sino ahora también a bienes vinculados a instituciones europeas. Que un antiguo edificio de la Comisión Europea acabe convertido en una «casa okupa» es, cuando menos, simbólico del desorden legal de quienes ostentan el poder en la capital de la Unión.

Por el momento, no se ha anunciado una fecha concreta para una posible intervención policial ni se han detallado las medidas que se tomarán para garantizar la seguridad y la legalidad en el barrio.

La situación en Evere refleja una realidad cada vez más habitual en muchas ciudades europeas, donde la inmigración descontrolada y la ocupación ilegal se entrecruzan ante la inacción de las autoridades y en detrimento de los ciudadanos europeos que sí respetan la ley.