El Informe de Integración 2024 del Gobierno austríaco ha destapado una brecha alarmante en el reparto de ayudas sociales según la nacionalidad. Según los datos del Departamento Federal de Policía Criminal, el 73,7% de los sirios y el 71,6% de los somalíes residentes en Austria viven de subsidios públicos. Les siguen los afganos (54,2%), los iraquíes (46,1%) y los rusos (32,9%).

En cambio, entre los ciudadanos austríacos, apenas un 4,1% recibe asistencia social, muy por debajo del promedio nacional (9%). Los nacionales de Irán (16,4%), Turquía (8,1%) y la antigua Yugoslavia (5,4%) se sitúan igualmente por debajo de la media. Los refugiados ucranianos no fueron incluidos en el estudio.

El informe subraya que las diferencias son estructurales y que los flujos migratorios recientes han provocado un aumento desproporcionado del gasto social, especialmente en regiones urbanas donde se concentran las comunidades extranjeras.

La publicación del informe coincide con una ola de indignación en Viena, donde en 2024 1.618 apartamentos municipales fueron entregados directamente a refugiados por ONG y organizaciones sociales, saltándose el sistema oficial de adjudicación gestionado por el Ayuntamiento.

Las llamadas pool flats, viviendas de uso inmediato, pueden ser ocupadas por solicitantes de asilo de forma temporal y convertirse en permanentes tras dos años de residencia. Mientras tanto, miles de familias austríacas llevan años en lista de espera para acceder a una vivienda pública.

El caso ha desatado un intenso debate político en Austria. Partidos soberanistas como el FPÖ y asociaciones vecinales advierten de que la política de acogida masiva está erosionando la cohesión social y generando resentimiento entre la población trabajadora. «El sistema de bienestar no puede sostener a medio millón de personas que no aportan al mismo ritmo que reciben», ha denunciado desde el FPÖ. «Austria está convirtiéndose en un imán para el subsidio, no para la integración», añaden.

La Fiscalía de Viena estudia ya si las adjudicaciones directas de viviendas vulneraron procedimientos administrativos, mientras el Gobierno federal evalúa medidas para restringir el acceso a ayudas públicas a quienes no acrediten integración o actividad laboral efectiva.