La delincuencia juvenil entre los jóvenes sirios en Austria está aumentando a un ritmo dramático, según los últimos datos difundidos por el Ministerio del Interior. Las cifras, que muestran un incremento sin precedentes en menos de una década, han encendido las alarmas en Viena y han llevado al Gobierno a plantear un endurecimiento de las políticas de integración y control social.
Sólo durante 2024 se registraron cerca de 1.000 denuncias contra menores sirios de entre 10 y 14 años, frente a las apenas 25 que se contabilizaban en 2015. En conjunto, las infracciones cometidas por menores austríacos de esa franja de edad se han más que duplicado, pasando de unas 5.160 en 2015 a más de 12.000 el año pasado, alcanzando un récord histórico. Pero el dato más preocupante, según el propio Ministerio, es que los jóvenes de origen sirio están representados en proporciones muy superiores a las de cualquier otro grupo nacional.
El repunte ha obligado al Ejecutivo austriaco a responder con una batería de medidas. Entre ellas figura la suspensión temporal de la reunificación familiar para ciudadanos sirios —vigente desde julio y hasta septiembre de 2025— y la creación de un «barómetro de integración» que permitirá ajustar los cupos de inmigración según indicadores sociales y educativos. Asimismo, Viena estudia copiar las denominadas zonas libres de armas aplicadas en Alemania, que amplían los poderes de la policía para realizar registros aleatorios, aunque el sindicato de agentes alemán ha cuestionado su eficacia real.
Además, la policía austriaca implantará un programa educativo obligatorio para los infractores primerizos, al que deberán asistir acompañados de sus padres. La ausencia a este curso conllevará multas que podrían alcanzar varios miles de euros. En los casos de reincidencia, la ley obligará a que la policía, los servicios sociales, las escuelas y los tribunales celebren reuniones conjuntas para coordinar la respuesta.
El Ministerio de Justicia trabaja también en una nueva figura legal que permitirá crear centros cerrados de internamiento para menores violentos o con problemas graves de conducta. Según el propio departamento, estos espacios ofrecerán «una rutina diaria estructurada y consecuencias claras», una especie de régimen semipenitenciario destinado a romper el ciclo de la delincuencia.
El debate político se ha intensificado. El partido liberal NEOS, habitualmente más moderado en materia de justicia, ha pedido medidas todavía más duras. Su portavoz parlamentario, Yannick Shetty, sostuvo que «quien roba o agrede a los 13 años es lo bastante mayor para asumir las consecuencias», y propuso la creación de campamentos disciplinarios obligatorios para jóvenes delincuentes. «No deben ser terapias grupales en círculo de sillones, sino programas con normas estrictas y objetivos claros», enfatizó, alertando de que «cada vez son más jóvenes los que cometen actos violentos».
En paralelo, varios casos recientes han reavivado el debate público. En abril, un sirio de 15 años fue declarado culpable de robo y agresión tras empujar a otro adolescente a las vías del tren en la localidad de Korneuburg, en Baja Austria. La víctima sólo sufrió heridas leves, pero el agresor quedó en libertad tras la vista judicial, lo que desató críticas sobre la laxitud del sistema.
Meses antes, en enero de 2025, un joven sirio de 17 años fue absuelto de la acusación de violar a una niña de 12 años, después de que el tribunal considerara que no existían pruebas concluyentes de falta de consentimiento. El caso, que terminó con el acusado entregando 100 euros al abogado de la víctima «como gesto de buena voluntad», provocó indignación entre la opinión pública y la clase política.
