La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha aprobado un nuevo decreto de seguridad para endurecer la respuesta del Estado frente a los disturbios violentos, los saqueos y los ataques contra las fuerzas del orden. La decisión llega después de las graves jornadas de violencia registradas en Milán y otras ciudades del norte de Italia, que han dejado cerca de 200 policías heridos y daños materiales valorados en aproximadamente un millón de euros.

El Ejecutivo italiano ha introducido un nuevo delito de participación violenta en manifestaciones, que contempla penas de entre dos y cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros para quienes participen en grupos de al menos cinco personas que empleen objetos peligrosos y pongan en riesgo la seguridad pública.

Las sanciones se agravarán cuando los participantes oculten sus rostros, provoquen lesiones o causen daños a infraestructuras y servicios públicos. «Destruir y robar no es protestar, es delincuencia, y la respuesta del Estado debe ser firme», ha defendido Meloni al presentar las medidas.

Responsabilidad penal desde los 14 años y los padres pagarán los destrozos

Una de las principales novedades afecta a los menores implicados en episodios violentos. El decreto establece una presunción de capacidad penal desde los 14 años, salvo prueba en contrario, modificando el sistema anterior, que exigía acreditar individualmente la capacidad del menor para comprender sus actos.

Además, las autoridades podrán aplicar retenciones preventivas a determinados menores desde los 16 años cuando concurran los requisitos legales de peligrosidad, incluso antes de que cometan un delito concreto. El Gobierno también ha establecido sanciones económicas para los padres de menores implicados en actos violentos, con multas de entre 500 y 1.000 euros que podrán duplicarse en caso de reincidencia.

«Quien rompe, paga; y si quien rompe es un menor, pagan sus padres», ha proclamado Meloni. La norma también facilita las reclamaciones por los daños ocasionados a establecimientos comerciales, vehículos y bienes públicos.

Otros 500 militares para recuperar la seguridad en Milán

El decreto contempla igualmente el despliegue de 500 militares adicionales en Milán hasta finales de diciembre, dentro de la operación Strade Sicure, destinada a reforzar la vigilancia y la protección de espacios públicos. La capital lombarda ha sufrido saqueos, ataques a comercios y enfrentamientos con la Policía durante las últimas movilizaciones, protagonizadas en buena medida por jóvenes.

El Gobierno había estudiado conceder temporalmente determinadas facultades policiales a los militares desplegados, pero finalmente descartó esa posibilidad tras las objeciones del presidente de la República, Sergio Mattarella. El decreto entra en vigor de manera inmediata, aunque deberá ser ratificado por el Parlamento italiano en un plazo de 60 días.

Las nuevas medidas han provocado críticas de quienes consideran que el endurecimiento penal no resolverá las causas sociales de los disturbios. Meloni, sin embargo, ha insistido en que ninguna reivindicación política puede justificar los saqueos, las agresiones ni la destrucción de establecimientos. La primera ministra sitúa así la defensa del orden público y la exigencia de responsabilidades a los autores de actos violentos en el centro de su respuesta a la crisis de seguridad.