Los esfuerzos por ilegalizar el partido más popular en Alemania, los soberanistas de Alternativa para Alemania, siguen muy vivos bajo el Gobierno de coalición presidido por el canciller Friedrich Merz. La última iniciativa la ha tomado el estado de Brandeburgo, que ha encargado a su nuevo jefe de inteligencia espiar al partido para propiciar su ilegalización.

Se trata de Wilfried Peters, que acaba de asumir el cargo de director de la sección de Brandeburgo de la Verfassungsschutz, la agencia de inteligencia nacional alemana, una decisión que todos interpretan como una ofensiva política contra los soberanistas, con el objetivo de encontrar una vía legal para quitar de en medio a AfD.

Detrás de esta maniobra está el nuevo ministro del Interior de Brandeburgo, René Wilke, exmiembro del partido de extrema izquierda Die Linke, quien no ha tenido afiliación partidista formal desde mayo de este año. Wilke dijo explícitamente en declaraciones a la radio pública RBB que su intención es que Peters «ponga fin a los extremistas».

A finales de mayo, el Verfassungsschutz de Brandeburgo tuvo que suspender la calificación de «organización extremista confirmada» contra AfD tras una demanda del partido soberanista. Desde entonces, el partido permanece bajo vigilancia como «caso sospechoso», lo que significa que está siendo monitoreado, pero no etiquetado oficialmente como extremista.

Están desesperados, y no sin motivo: según las últimas encuestas de junio, AfD se sitúa como la principal fuerza política en Brandeburgo con el 32% de la intención de voto, mientras que el SPD del actual primer ministro regional, Dietmar Woidke, cae al 23%. La respuesta no ha sido política, sino administrativa y judicial, lo que refuerza un patrón claro: cuando el electorado no vota como desea el establishment, el sistema responde criminalizando la disidencia.