El ministro del Interior del estado alemán de Renania-Palatinado, Michael Ebling, ha anunciado este jueves un nuevo paso en la cruzada del poder contra el partido soberanista Alternativa para Alemania (AfD). En adelante, ningún funcionario podrá militar en el partido sin exponerse a perder su puesto. Según la nueva normativa, los candidatos a la función pública deberán acreditar expresamente su lealtad a la Constitución y declarar que no han pertenecido en los últimos cinco años a ninguna organización considerada «extremista» por las autoridades, lista en la que el propio Estado incluye a AfD.
«La lealtad a la Constitución no es un deseo, una recomendación ni una simple palabrería; es el deber inalterable de todo funcionario de nuestro estado», ha proclamado el ministro en un comunicado. «Quien se ponga al servicio de este estado debe ser leal a la Constitución en todo momento, sin condiciones ni peros», ha insistido.
Con el cambio normativo, todos los aspirantes a la Administración deberán declarar por escrito no haber pertenecido a organizaciones «extremistas». Quien se niegue a hacerlo o no logre disipar las dudas sobre su lealtad quedará automáticamente excluido. Para esta depuración, el gobierno regional se apoyará en una lista elaborada y actualizada por la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, que ya considera a AfD como una formación de carácter extremista.
Las consecuencias también alcanzarán a quienes ya son funcionarios y militan en AfD. En estos casos, el Ejecutivo regional advierte de que la afiliación podrá acarrear procedimientos disciplinarios. Si, a juicio del Ministerio del Interior, un empleado muestra incluso «rechazo interno» a los valores constitucionales o se comprueba su pertenencia o apoyo a un grupo «extremista», se le someterá a un proceso de revisión.
La reforma administrativa prevé además reforzar la cooperación entre el Ministerio del Interior y la Oficina para la Protección de la Constitución, de modo que los informes sobre presuntas «actividades anticonstitucionales» puedan incorporarse a los expedientes disciplinarios y de selección. El Ministerio, por su parte, se compromete a remitir a la Oficina las conclusiones que extraiga de estas investigaciones internas.
Las autoridades admiten que no se ha definido con claridad qué se considera exactamente «falta de conducta» o «actividades anticonstitucionales», lo que deja abierta la puerta a una interpretación arbitraria.
