Frauke Brosius-Gersdorf, abogada y profesora de derecho que quiere ilegalizar AfD, ha sido elegida para convertirse en una de los dos nuevos miembros del más alto órgano judicial de Alemania, el Tribunal Constitucional Federal. Su nombramiento, que cuenta con el respaldo del partido socialdemócrata SPD y del centroderechista CDU del canciller Friedrich Merz —aliado del Partido Popular—, está prácticamente asegurado, ya que sólo hay tres candidatos para cubrir dos plazas y su perfil goza del visto bueno de la coalición gobernante.
Con 54 años y una larga trayectoria en el ámbito académico, Brosius-Gersdorf ha suscitado controversia en varias ocasiones por sus posiciones políticas y jurídicas. En julio del año pasado, durante una intervención televisiva, desató una fuerte polémica al sugerir que el Estado debería considerar la disolución del partido Alternativa para Alemania (AfD), actualmente la principal fuerza opositora del país y segunda en intención de voto según los sondeos. En sus palabras, la “democracia militante” alemana debía establecer barreras firmes frente a formaciones que considerara incompatibles con la Constitución.
Más allá de proponer la ilegalización de AfD, Brosius-Gersdorf fue incluso más allá durante aquel programa al lamentar que, incluso si se prohibiera el partido, “eso no eliminaría también a sus seguidores”. Preguntada de inmediato por el presentador si hablaba literalmente de «eliminar» a personas, negó tal intención pero añadió sin matices que se puede «privar a los individuos de ciertos derechos fundamentales», como el de presentarse a elecciones.
Aunque juristas constitucionales de renombre consideran jurídicamente inviable prohibir a AfD, su futura incorporación al Tribunal Constitucional refuerza la percepción de que una parte del espectro político alemán busca dar pasos en esa dirección. La elección de Brosius-Gersdorf requiere una mayoría de dos tercios en el Bundestag, lo que implica apoyos del SPD, CDU, los Verdes y La Izquierda. Dado que fue postulada por el SPD y pactada con la CDU, y que sus posturas sintonizan con las de los partidos progresistas, todo apunta a una elección asegurada.
Durante la pandemia de covid-19, la profesora se convirtió en una de las voces más firmes a favor de la vacunación obligatoria, argumentando que el Estado tenía una “obligación constitucional” de proteger a la mayoría vacunada frente a los no vacunados. En 2021, defendió abiertamente que el interés colectivo de la salud pública debía primar sobre las decisiones individuales, y que no imponer la inmunización equivalía a una negligencia institucional.
En el terreno cultural y legal, Brosius-Gersdorf también ha abogado por una reforma de la Constitución para adaptar su lenguaje al uso inclusivo de género. A su juicio, el uso del masculino genérico en la Ley Fundamental invisibiliza a mujeres y personas no binarias, y el Estado debería adoptar expresiones que reflejen adecuadamente la diversidad sexual y de género de la sociedad.
Otra de sus posturas más comentadas fue su oposición a la prohibición del velo islámico en escuelas de derecho, al considerar que vulnera derechos individuales. Asimismo, ha puesto en entredicho sentencias anteriores del propio Tribunal Constitucional al afirmar que no debería garantizarse legalmente la “dignidad humana” de los fetos antes del nacimiento, desatando críticas entre sectores conservadores.
