Países Bajos ha aprobado una reforma de su legislación migratoria que contempla penas de hasta tres meses de prisión y multas de 5.500 euros para los inmigrantes ilegales que se nieguen a colaborar con las autoridades para ejecutar su expulsión. La medida forma parte de una nueva ley destinada a endurecer las deportaciones y facilitar la salida de los extranjeros que no tienen derecho a permanecer en el país.

La iniciativa, impulsada por el ministro de Asilo y Migración, Bart van den Brink, recibió el respaldo del Senado neerlandés el pasado 13 de octubre, después de haber superado su tramitación en la Cámara de Representantes. La nueva norma permitirá a las autoridades exigir la colaboración de los inmigrantes sometidos a procedimientos de expulsión, incluso cuando se nieguen a comparecer ante los organismos encargados de gestionar su retorno.

Entre las obligaciones figura acudir a entrevistas con los servicios de inmigración o presentarse en las embajadas de sus países de origen para obtener documentos de viaje. Si un extranjero continúa rechazando estas obligaciones después de haber recibido un requerimiento formal, podrá enfrentarse a sanciones penales.

Expulsión inmediata para extranjeros que cometan delitos

La legislación también amplía los supuestos en los que las autoridades podrán declarar a un extranjero «persona no deseada», una categoría administrativa que obliga a abandonar inmediatamente el territorio neerlandés y prohíbe regresar.La medida podrá aplicarse a un mayor número de inmigrantes que cometan delitos y provoquen alteraciones graves del orden público, incluidos determinados casos de robos o agresiones.

El Ejecutivo considera que las posibilidades anteriores resultaban insuficientes para actuar contra extranjeros que, pese a perder su derecho de residencia, continuaban obstaculizando su expulsión. «Estamos utilizando todos los medios para mejorar el retorno de las personas que no pueden permanecer aquí», defendió Van den Brink al anunciar la aprobación de la reforma.

Más facultades para la Policía y nuevos controles

Otra de las modificaciones permitirá a la Policía y a la Gendarmería Real neerlandesa retener hasta nueve horas a un extranjero para comprobar su identidad y determinar si procede su internamiento, frente al límite general anterior de seis horas. El Gobierno argumenta que la falta de tiempo para completar estas verificaciones provocaba que algunas personas quedaran en libertad antes de que pudiera acordarse una medida de internamiento.

La reforma también elimina determinadas multas coercitivas impuestas judicialmente a la Administración cuando el Servicio de Inmigración y Naturalización (IND) no resuelve las solicitudes de asilo dentro de los plazos establecidos. Las nuevas disposiciones se aplicarán de manera escalonada y mantendrán la revisión judicial de las medidas de internamiento.

Países Bajos refuerza así sus instrumentos para ejecutar las órdenes de expulsión y sancionar a quienes impidan deliberadamente su cumplimiento, dentro de una política migratoria que ha situado el control de las fronteras y el retorno de extranjeros sin derecho de residencia entre sus prioridades.