El Gobierno de Países Bajos ha presentado un proyecto de ley para castigar con penas de hasta seis meses de prisión a los inmigrantes que, después de perder el derecho a permanecer en el país, obstaculicen deliberadamente su propia deportación.
La iniciativa, impulsada por el ministro de Asilo y Migración, Bart van den Brink, busca convertir en delito determinadas conductas destinadas a impedir que las autoridades puedan ejecutar una orden de expulsión. El proyecto ha sido presentado este miércoles y entra ahora en fase de consulta antes de continuar su tramitación legislativa.
La medida afectará a extranjeros que no tengan derecho legal a permanecer en Países Bajos y que, pese a haber agotado los procedimientos correspondientes, sigan impidiendo activamente su retorno. Entre las prácticas señaladas por el Ejecutivo figuran ocultar o falsear la identidad, negarse a proporcionar información imprescindible para la expulsión o rechazar la solicitud de documentos de viaje sustitutivos cuando el país de origen los exige para aceptar el regreso de uno de sus ciudadanos.
Hasta seis meses de prisión
El nuevo delito podrá ser castigado con hasta seis meses de cárcel, según la información difundida por medios neerlandeses sobre el proyecto. El Gobierno recalca que la vía penal será utilizada como último recurso, una vez que el resto de mecanismos administrativos destinados a conseguir la salida del extranjero hayan fracasado. Van den Brink ha defendido que una política migratoria efectiva exige que las órdenes de expulsión puedan ejecutarse realmente.
«Tenemos que poder castigar a las personas que no tienen derecho a permanecer aquí y continúan frustrando su expulsión», ha señalado el ministro. «Una política de asilo no puede existir sin una política de retorno creíble en la que obstaculizar la expulsión deje de ser aceptado», ha añadido.
Identidades falsas y falta de cooperación
Uno de los principales problemas señalados por las autoridades neerlandesas es que determinados extranjeros bloquean durante meses o incluso años su deportación al negarse a revelar correctamente su identidad o nacionalidad.
En otros casos, los países de origen sólo aceptan el retorno cuando el propio interesado solicita un nuevo documento de viaje. Si el extranjero se niega a realizar ese trámite, la expulsión puede quedar paralizada.
El Ejecutivo pretende cerrar ahora esa vía y permitir que la negativa deliberada a colaborar tenga consecuencias penales. Actualmente, obstaculizar una deportación sólo puede ser castigado en determinadas circunstancias concretas, por ejemplo cuando el extranjero ya tiene una prohibición de entrada o ha sido declarado persona no deseada.
Países Bajos endurece su política migratoria
La reforma se enmarca en el progresivo endurecimiento de la legislación neerlandesa sobre inmigración y deportaciones. El Gobierno ha aprobado también otras medidas destinadas a facilitar la expulsión de extranjeros sin derecho a permanecer y a retirar antes los permisos de residencia a quienes cometan delitos.
La nueva legislación pretende enviar además un mensaje político claro: una orden de expulsión no podrá quedar indefinidamente sin ejecutar porque el propio afectado se niegue a colaborar con las autoridades.
