El brutal asesinato de Lisa, una joven de 17 años acuchillada mientras regresaba a casa en bicicleta cerca del estadio Johan Cruyff de Ámsterdam, ha encendido la indignación en Países Bajos y puesto en jaque a la política migratoria del Gobierno.
El agresor, un inmigrante de 22 años sin documentos, ya había sido investigado por delitos sexuales antes del ataque. Está acusado de violación y asesinato, en un caso que ha sacudido a la sociedad holandesa a pocas semanas de las elecciones de octubre.
Ante la ola de protestas, el ministro de Justicia, David van Weel, ha anunciado que estudia levantar la prohibición del spray de defensa personal, ilegal en Países Bajos desde hace décadas y penado con fuertes multas. Van Weel reconoció que no es una solución completa al problema de inseguridad, pero que podría convertirse en «el último recurso» para mujeres en peligro.
La reacción popular ha sido inmediata. Aficionados de fútbol han protagonizado protestas en estadios con pancartas de «¡Basta ya!», mientras feministas organizan marchas nocturnas bajo el lema We Reclaim the Night, recaudando más de medio millón de euros para medidas de seguridad.
La presión política también aumenta. El Partido por la Libertad (PVV), de Geert Wilders, recordó que es la única formación con la legalización del spray en su programa electoral. «Llevamos meses redactando un proyecto de ley», señalaron, pidiendo al partido liberal VVD que respalde la iniciativa.
La muerte de Lisa se ha convertido en símbolo del fracaso del Estado en proteger a sus ciudadanos frente a la inmigración ilegal. Cada vez más voces exigen deportaciones inmediatas de criminales extranjeros y medidas contundentes para restaurar la seguridad en las calles.
