La mayoría de los ciudadanos de Países Bajos respaldan una política más activa de «remigración» que incentive a personas con permiso de residencia o con antecedentes migratorios a regresar a sus países de origen, según revela una encuesta realizada entre casi 3.000 participantes del panel representativo Hart van Nederland.

El sondeo muestra que siete de cada diez consultados se declaran total o mayoritariamente favorables a ampliar este tipo de medidas, incluso ofreciendo compensaciones económicas a quienes decidan marcharse. Frente a este bloque mayoritario, algo más de una quinta parte se posiciona en contra y un pequeño porcentaje evita pronunciarse.

El debate se enmarca en un contexto político especialmente sensible. Formaciones como el PVV, JA21, FVD o BBB llevan años defendiendo fórmulas para fomentar el retorno de inmigrantes, una línea que ha provocado fracturas en alianzas parlamentarias recientes. Al mismo tiempo, desde los servicios de seguridad se advierte de que sectores extremistas utilizan el término «remigración» como un eufemismo para hablar de expulsiones forzosas, lo que añade tensión al debate público.

Más allá de esta propuesta, la encuesta refleja un fuerte apoyo a endurecer la política de asilo. La mitad de los ciudadanos considera que Países Bajos debería suspender por completo la admisión de nuevos solicitantes, mientras que un tercio apuesta por reducirla sin llegar a cerrarla del todo. Solo una minoría defiende mantener el sistema actual o ampliarlo.

Entre quienes reclaman menos llegadas, las preocupaciones prácticas dominan claramente. La falta de vivienda encabeza la lista de motivos, seguida del temor al aumento de la delincuencia, el impacto económico y la sensación de pérdida de control sobre las fronteras. También pesan los temores sobre la preservación de valores culturales, la presión sobre la sanidad y la educación, y la desconfianza hacia las políticas vigentes.

Una parte significativa de los encuestados afirma haber vivido situaciones incómodas o inseguras que asocian con centros de acogida o con solicitantes de asilo. Para muchos, estos episodios refuerzan la percepción de que el sistema está desbordado y de que las soluciones actuales no funcionan.

Otro de los puntos más controvertidos es el acceso a la vivienda social de los refugiados con estatus reconocido. La mayoría rechaza que estos colectivos tengan prioridad obligatoria a nivel nacional y prefiere que, como máximo, los municipios decidan caso por caso. Dos de cada tres apoyan incluso prohibir que se les conceda preferencia en un mercado inmobiliario ya muy tensionado.

En cuanto a los compromisos internacionales, la opinión está más dividida. La mayoría prefiere mantener el Convenio de Dublín, que obliga a pedir asilo en el primer país de entrada en la Unión Europea, aunque una parte significativa reclama reformarlo y una cuarta parte defiende abandonar directamente este marco.

En una pregunta abierta, miles de participantes reflexionan sobre cómo reducir la polarización en torno a la inmigración. La idea más repetida es la necesidad de reglas claras y de que se cumplan sin excepciones. Muchos subrayan que la integración pasa por aprender el idioma, incorporarse al mercado laboral y asumir las normas del país de acogida. «Venir aquí también implica adaptarse», resume uno de los mensajes recogidos.

El sondeo dibuja así un panorama de amplio respaldo social a políticas migratorias más estrictas, acompañado de una demanda de integración más rápida y efectiva como condición clave para la convivencia en una sociedad cada vez más dividida sobre este asunto.