El Tribunal de Apelación de París ha dado este jueves un paso clave al acotar la acusación por supuesta financiación ilícita contra Marine Le Pen, al descartar una parte sustancial de los contratos que sustentaron su condena en primera instancia. La decisión supone una clara rectificación del planteamiento inicial y refuerza la posición de la dirigente soberanista en una causa que había desembocado en una inhabilitación de cinco años con aplicación inmediata.

Los magistrados han excluido cerca del 30% de los contratos de asistentes parlamentarios del Parlamento Europeo que el Tribunal Correccional consideró irregulares en su sentencia del pasado 31 de marzo. Se trata de contratos que figuraban junto al resto en la documentación, pero para los que no existían pruebas concluyentes de que hubieran sido firmados, un extremo que ahora ha sido determinante.

La decisión ha contado, además, con el respaldo de la propia Fiscalía, que ha cambiado de criterio y ha reconocido que esos contratos no debían incluirse en el cálculo del perjuicio atribuido a la Eurocámara. En primera instancia, pese a esas dudas, se computaron dentro de un supuesto daño total cifrado en 4,4 millones de euros entre 2004 y 2016. El Tribunal de Apelación ha aceptado ahora la rectificación, debilitando de forma notable el armazón de la acusación.

Los abogados de Le Pen, que habían defendido esta tesis desde el inicio del procedimiento, han valorado de forma positiva el giro durante la audiencia celebrada este miércoles. En sus declaraciones a los medios, han subrayado un clima judicial distinto al de la primera instancia y han destacado una mayor atención a los argumentos de la defensa.

También ha influido el ajuste estratégico de la propia Le Pen, que en esta fase del proceso admitió la posibilidad abstracta de una irregularidad, siempre negando cualquier voluntad de fraude. «Si he cometido un delito, nunca tuvimos la sensación de haber cometido el más mínimo delito», afirmó, en contraste con la negativa absoluta que mantuvo durante el primer juicio. Ese matiz, lejos de perjudicarla, ha servido para desmontar la idea de una conducta dolosa y ha abierto la puerta a una revisión de la pena impuesta.

Fue precisamente esa interpretación la que permitió al Tribunal Correccional imponer una inhabilitación de cinco años con efecto inmediato, una medida de enorme impacto político que bloquea, por ahora, su candidatura a las presidenciales de 2027. Con la reducción de la acusación, Le Pen aspira a que los jueces de apelación suavicen la condena o eliminen su aplicación preventiva, lo que le permitiría volver a competir por el Elíseo.

La sentencia se espera para el verano. Le Pen ha dejado claro que, si el fallo no le permite concurrir, no prolongará el proceso con un segundo recurso ante el Supremo y dará paso a su relevo político, el eurodiputado Jordan Bardella.

Bardella, con sólo 30 años, se ha consolidado como una figura de primer nivel en la política francesa. Goza de una elevada popularidad, un fuerte respaldo en redes sociales y un notable éxito editorial. Las encuestas incluso le atribuyen un apoyo superior al de Le Pen, confirmando que, pese a la presión judicial, el proyecto político que encarna mantiene intacta su fuerza y su proyección de futuro.