Ursula von der Leyen ha amenazado con que Bruselas pretende imponer restricciones al acceso a redes sociales para millones de menores en la Unión Europea, en una iniciativa que podría materializarse en cuestión de meses. La presidenta de la Comisión Europea ha dejado claro que el Ejecutivo comunitario estudia adoptar medidas similares a las aprobadas recientemente en Australia, donde se ha limitado el uso de estas plataformas a menores de 16 años.

La posible legislación, que podría presentarse este mismo verano, está actualmente a la espera del dictamen de un grupo de especialistas en seguridad digital infantil. En función de sus conclusiones, la Comisión decidirá si impulsa una normativa a escala europea que afectaría potencialmente a más de 65 millones de jóvenes.

Durante una intervención en Copenhague, Von der Leyen defendió la necesidad de actuar ante el rápido avance tecnológico y su impacto en la infancia. A su juicio, la exposición temprana a las redes sociales puede afectar al desarrollo de los menores, por lo que «considera oportuno retrasar su acceso para reforzar su capacidad de adaptación en una etapa especialmente sensible».

El movimiento de Bruselas se produce en un contexto en el que varios países europeos ya están avanzando por su cuenta. Francia ha dado un paso significativo al aprobar en el Senado una ley que restringe el acceso a plataformas como TikTok, Instagram o YouTube a menores de 15 años, una medida respaldada por el presidente Emmanuel Macron como parte de su estrategia de protección a la juventud.

Otros Estados miembros, entre ellos Alemania, Irlanda, España, Dinamarca o Grecia, también están estudiando iniciativas similares, mientras Austria ha planteado una prohibición aún más estricta para menores de 14 años. Sin embargo, no existe unanimidad dentro de la UE: países como Polonia o Estonia consideran que este tipo de decisiones deben mantenerse en el ámbito nacional y no imponerse desde Bruselas.

La propuesta europea podría, además, tensar las relaciones con Estados Unidos. El expresidente Donald Trump ya ha advertido de posibles represalias comerciales contra aquellos países que, a su juicio, discriminen a las grandes tecnológicas estadounidenses mediante regulaciones restrictivas. En declaraciones públicas, ha señalado que medidas de este tipo podrían interpretarse como un ataque directo a las empresas del sector digital.

En paralelo, el debate también se intensifica en Reino Unido. El primer ministro Keir Starmer ha convocado recientemente a responsables de grandes plataformas como TikTok, Meta o X para analizar posibles limitaciones al uso de redes sociales por parte de menores. El Gobierno británico estudia diversas opciones, desde restricciones de edad hasta la eliminación de funciones consideradas adictivas o incluso la prohibición de teléfonos móviles en entornos escolares.

No obstante, la iniciativa no está exenta de críticas. Algunas voces alertan de que una prohibición generalizada podría ser desproporcionada y responder más a una reacción social alarmista que a un análisis equilibrado. Incluso dentro del propio ámbito político británico han surgido tensiones, con dimisiones y desacuerdos sobre la velocidad y el alcance de las medidas a adoptar.

Mientras tanto, las grandes compañías tecnológicas han mostrado su rechazo a una prohibición total, defendiendo en su lugar soluciones más graduales y herramientas de control parental. Argumentan que restringir completamente el acceso no es la vía más eficaz y abogan por enfoques más flexibles que combinen seguridad y libertad de uso.

Con este escenario, la Unión Europea se enfrenta a un debate complejo en el que se cruzan la protección de menores, la regulación del entorno digital y las implicaciones económicas y geopolíticas de cualquier decisión.