Europa lleva años ignorando a quienes la alimentan. Lo que empezó como una serie de protestas puntuales en Holanda en 2019 se ha convertido ya en una auténtica revuelta agraria contra los burócratas de Bruselas, que siguen aprobando recortes y planes ideológicos verdes sin reparar en sus consecuencias reales. La última manifestación frente a la Comisión Europea, convocada por COPA-COGECA —la mayor organización agraria del continente—, es sólo el capítulo más reciente de una batalla desigual que enfrenta a millones de agricultores con las élites que pretenden reordenar su mundo desde cómodas oficinas climatizadas.

Los agricultores europeos ya no sólo se juegan su modo de vida: también defienden la seguridad alimentaria y la estabilidad económica del continente. En su marcha, COPA-COGECA entregó una petición respaldada por más de 6.000 organizaciones, junto con un par de botas de trabajo, como símbolo de lo que está en juego. Reclaman frenar los recortes a la Política Agrícola Común (PAC) —que pueden alcanzar hasta 100.000 millones de euros— y evitar su fragmentación, así como limitar las nuevas restricciones «verdes» que en la práctica empujan a miles de explotaciones a la quiebra.

No es una exageración. Los planes comunitarios ya hablan de limitar las ayudas a un máximo de 100.000 euros por explotación y de permitir que los Estados desvíen los fondos agrarios a otras prioridades como la Defensa o la política industrial.

El malestar lleva tiempo gestándose. En Polonia, los agricultores colapsaron la ciudad de Szczecin para exigir que su gobierno plantara cara a Bruselas frente al Pacto Verde y las importaciones baratas de grano ucraniano. En Irlanda, el propio ministro de Agricultura llegó a poner sobre la mesa la posibilidad de sacrificar 200.000 vacas para cumplir los objetivos climáticos del 55% menos de emisiones para 2030. En los Países Bajos, las protestas alcanzaron su apogeo cuando el Gobierno anunció que hasta un tercio de las granjas tendrían que cerrar y sacrificar la mitad del ganado para cumplir con los objetivos de emisiones de nitrógeno. Y en España, las movilizaciones se han multiplicado, con miles de agricultores y ganaderos clamando contra los precios ruinosos, las normas asfixiantes de Bruselas, la competencia desleal de Marruecos y la indiferencia del Gobierno de Sánchez ante un campo que agoniza.

Las imágenes de carreteras bloqueadas con tractores, montañas de estiércol frente a los supermercados y puertos paralizados han sido sistemáticamente despreciadas por las élites, que ni siquiera parecen comprender las cifras: los Países Bajos son el segundo exportador de alimentos del mundo, la agricultura da trabajo a 1,2 millones de personas en Polonia, a más de 750.000 en España y a casi nueve millones en toda la Unión Europea. La obsesión por la agenda verde ya ha hecho que la UE dependa cada vez más del exterior para su alimentación: las importaciones de productos agrícolas ya superan los 170.000 millones de euros anuales.

La arrogancia del establishment comunitario y su desprecio por quienes mantienen con vida al continente están minando la confianza en las instituciones europeas y alimentando una sensación creciente de desconexión entre los que gobiernan y los que trabajan. La ideología verde, y la torpeza presupuestaria que la acompaña, está dejando a millones de familias en el campo en una situación límite.

Los estantes vacíos llegarán antes de que Bruselas admita su error. Y cuando lo hagan, descubrirán que sin agricultores no hay futuro.