La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), organización mayoritaria dentro de la Guardia Civil, ha anunciado que se personará como acusación popular en la causa que instruye la Audiencia Nacional sobre la presunta trama para obtener información reservada y desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO). Una vez sea admitida en el procedimiento, la asociación solicitará el apartamiento cautelar de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, al considerar que su permanencia en el cargo podría afectar al desarrollo de la investigación judicial.
En un comunicado, AUGC explica que ejercerá la acusación popular «con la máxima intensidad y rigor, en defensa de los principios y valores de la Guardia Civil» dentro del procedimiento que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción.
La asociación añade que, cuando pueda intervenir plenamente en la causa, reclamará «la adopción de las medidas cautelares previstas en el ordenamiento jurídico para evitar que la continuidad en el cargo de la directora general, Mercedes González, y del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, pueda condicionar o alterar la investigación judicial que está en curso».
Con esta decisión, AUGC se suma a la estrategia iniciada por JUCIL, que ya había anunciado su personación como acusación popular en la misma causa. No obstante, la organización mayoritaria va un paso más allá al anticipar que solicitará expresamente el apartamiento cautelar de ambos responsables mientras avanza la investigación.
La asociación enmarca esta iniciativa en su compromiso con la lucha contra la corrupción dentro del Instituto Armado. «AUGC no cejará en el empeño de combatir, como ha hecho siempre, la corrupción en el ámbito de la Guardia Civil», señala el comunicado. Asimismo, recuerda que su creación estuvo vinculada al caso Luis Roldán y sostiene que «tres décadas después, AUGC vuelve a situarse donde siempre ha estado: frente a quienes degradan la institución desde su cúpula».
El comunicado también incluye críticas a la directora general de la Guardia Civil. Según AUGC, el desempeño del cargo «resulta incompatible con cualquier atisbo de actuación al margen de los parámetros deontológicos que rigen la institución». En ese sentido, sostiene que la actuación que atribuye a Mercedes González «es más propia de una comisaria política que de quien ejerce el mando de 80.000 hombres y mujeres».
Finalmente, la asociación defiende que la Guardia Civil «no puede ser un Estado dentro del Estado» y sostiene que su actuación debe ajustarse «al cumplimiento, fiel y estricto, de las previsiones constitucionales y del resto del ordenamiento jurídico». Además, asegura que mantendrá su posición «allí donde haya corrupción en la Guardia Civil».
