La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, deberán comparecer como investigados el próximo 16 de julio ante el juez Santiago Pedraz por presunta obstrucción a la justicia. La Fiscalía Anticorrupción les atribuye maniobras dirigidas a interferir en investigaciones judiciales vinculadas al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El Ministerio Público sostiene que ambos altos cargos de la cúpula política del instituto armado impulsaron actuaciones internas contra mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) que participaban en algunas de las causas más delicadas para el Ejecutivo. Entre ellas figuran las diligencias relacionadas con Begoña Gómez, el caso del hermano del presidente y la trama Koldo.
Uno de los elementos que ha llamado la atención de Anticorrupción es la elaboración de una relación de responsables de la UCO que intervenían en esas investigaciones. Según la Fiscalía, ese listado habría permitido identificar a los agentes destinados a procedimientos sensibles para el Gobierno y para familiares directos del jefe del Ejecutivo.
Las fiscales señalan que no alcanzan a comprender la finalidad de esa recopilación de nombres ni el posible uso posterior de esa información. En su escrito, expresan su extrañeza ante una medida que, a su juicio, no encuentra justificación clara dentro de una actuación disciplinaria ordinaria.
La tesis del Ministerio Público es que los expedientes internos abiertos contra esos mandos fueron utilizados con una doble finalidad: primero, localizar e identificar a los agentes implicados en las causas; después, someterlos a presión mediante sospechas de filtraciones a la prensa que, según la Fiscalía, no estaban suficientemente sustentadas.
Aunque esas informaciones reservadas acabaron archivadas sin sanciones y sin apenas diligencias más allá de tomar declaración a los afectados, Anticorrupción considera que sirvieron para colocar bajo vigilancia a los responsables de la UCO que trabajaban en asuntos políticamente incómodos.
Los generales incluidos en esa relación declararon recientemente como testigos en la causa conocida como el caso de las cloacas. Según expusieron, nunca antes habían sido objeto de investigaciones reservadas durante su trayectoria profesional, hasta que en esta etapa se les abrieron varios procedimientos en un breve periodo de tiempo.
La acumulación de expedientes se produjo entre finales de 2024 y la primera mitad de 2025, coincidiendo con el auge de varias investigaciones por corrupción. En apenas dos años se les incoaron tres actuaciones internas, una de ellas sin llegar siquiera a ser numerada, algo que las fuentes del caso consideran inusual.
El foco de esos expedientes se situó en supuestas filtraciones de información reservada a medios de comunicación. La primera actuación trató de determinar cómo habían llegado a la prensa datos personales de Begoña Gómez, entre ellos su correo electrónico, aparecidos en el marco de la investigación sobre David Sánchez y su puesto en la Diputación de Badajoz.
Las siguientes pesquisas internas se centraron en la publicación de mensajes entre el exministro José Luis Ábalos y Pedro Sánchez. Sin embargo, según Anticorrupción, en ese caso existían indicios de que el propio Ábalos había reconocido haber facilitado esos intercambios privados a un medio de comunicación, lo que no habría impedido que la presión sobre la UCO continuara.
La Fiscalía también pone el acento en el papel de Leire Díez, exmilitante socialista, a la que atribuye una insistente campaña contra la UCO. En varias conversaciones intervenidas, Díez habría sostenido que la unidad era responsable de filtraciones, una versión que, según el relato fiscal, trasladó a Mercedes González, con quien mantenía una relación previa de confianza.
Anticorrupción apunta a al menos tres encuentros entre González y Díez, situados temporalmente en paralelo al impulso de las investigaciones disciplinarias internas. Esa coincidencia refuerza, según las fiscales, la sospecha de que las actuaciones contra los mandos de la UCO no respondían únicamente a razones administrativas.
Otro de los aspectos destacados por el Ministerio Público es que, mientras se mantenían esas pesquisas, los afectados no habrían sido informados adecuadamente del archivo de los expedientes, lo que habría prolongado una situación de incertidumbre y presión sobre ellos.
Al mismo tiempo, según la Fiscalía, la Dirección General de la Guardia Civil disponía de información interna que alertaba de una campaña de desinformación orientada a desacreditar a la UCO. Esa nota, elaborada por la Dirección General de Información, advertía de maniobras de Leire Díez contra agentes de la unidad, pero no habría sido trasladada inicialmente a los mandos afectados.
La propia UCO tuvo que elaborar un informe para reconstruir esas actuaciones. Sólo después se les comunicó que la directora general conocía la existencia de esa información interna sobre la ofensiva contra la unidad.
La relación entre González y Díez también ocupa un lugar relevante en el relato de las fiscales. Según la investigación, la directora general habría negado en un primer momento ante mandos de la Guardia Civil conocer a la exmilitante socialista. Posteriormente, en sede parlamentaria, acabó admitiendo encuentros con ella, aunque los presentó como simples cafés.
El escrito fiscal menciona además la existencia de mensajes entre ambas, algunos de los cuales habrían sido borrados. Para Anticorrupción, esas comunicaciones y reuniones deben analizarse en el contexto de las actuaciones internas abiertas contra los responsables de la UCO.
La imputación de González y Llamas llega en un momento especialmente delicado para el Ministerio del Interior y para la Guardia Civil, un cuerpo que tiene entre sus principios la defensa de la legalidad y el cumplimiento estricto de la Constitución y de las leyes.
Pese a la gravedad de las acusaciones, el Gobierno ha reiterado públicamente su confianza en la directora general. El caso, además, se desarrolla en paralelo a otras pesquisas en las que se investigan presuntos pagos desde el PSOE al entorno de Leire Díez, según consta en las diligencias citadas por las fuentes del procedimiento.
