Hay una pregunta que nadie en el Gobierno quiere responder con claridad: ¿por qué no hay elecciones en 2026? La respuesta oficial habla de estabilidad, de legislatura, de proyectos pendientes, de «mejorar la vida de la gente». La respuesta puede que sea otra, más incómoda y más sencilla: a Pedro Sánchez le conviene el calendario que tiene, y ese calendario coincide, milimétricamente, con el momento en que el censo electoral en el exterior está a punto de completar su mayor transformación en democracia.
Vayamos a los datos, que son los que son y no admiten discusión. La Ley de Memoria Democrática, aprobada en el Congreso el 14 de julio de 2022 y ratificada en el Senado el 5 de octubre de ese mismo año, incluyó en su disposición adicional octava la conocida como «Ley de Nietos»: el derecho a la nacionalidad española de origen para hijos y nietos de quienes salieron de España exiliados entre el 18 de julio de 1936 y el 28 de diciembre de 1978. No hace falta haber pisado España. No hace falta hablar español. Basta con acreditar el vínculo familiar y el exilio del ascendiente.
El plazo se cerró en octubre de 2025 tras ampliarse hasta los tres años. En ese tiempo, la red consular ha tramitado más de un millón de expedientes: unos 490.000 aprobados, más de 255.000 ya inscritos, y todavía 1,4 millones pendientes de resolución. El Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero rozaba ya los 3,2 millones de inscritos el 1 de enero de 2026, un 5,1% más que el año anterior. Sumando la regularización extraordinaria de inmigrantes y esta vía de nacionalización, algunas estimaciones sitúan entre tres y cuatro millones el número de personas que podrían incorporarse al censo en los próximos años. Compárese esa cifra con los 339.119 votos que separaron al PP del PSOE en las últimas generales, y entenderán por qué esto no es un detalle administrativo. ¿Casualidad que el propio responsable del PSOE en el exterior, César Mogo, haya hablado de que los españoles en Argentina llegarán a ser «la tercera o cuarta provincia» del país? ¿Casualidad que en las últimas autonómicas de Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura el voto exterior se haya inclinado sistemáticamente hacia el PSOE? Las casualidades, en política, rara vez son casualidades. Y lo que se dibuja es un patrón que tiene nombre: necesidad electoral. O necesidad de supervivencia. A Pedro Sánchez siempre le ha perseguido la sombra de unas primarias, las de 2016, que sus adversarios internos nunca dejaron de cuestionar. Ahora vuelve a aparecer otra sospecha distinta: no sobre el recuento de los votos, sino sobre quién acaba teniendo derecho a emitirlos. De nuevo, las sospechas de pucherazo. Pero éste, ya no cabría en Ferraz.
Un sinsentido democrático que una persona que nunca ha vivido en España, que quizá no sabría ubicarla en un mapa, tenga el mismo peso que cualquiera a la hora de decidir sobre educación, sanidad o política fiscal, con el simple gesto de depositar una papeleta. El Gobierno lo vende como reparación histórica hacia los exiliados. Pero seamos honestos: la reparación era para quienes salieron, no para sus nietos que nunca conocieron el país. Confundir memoria histórica con ingeniería censal es, como mínimo, un uso torticero de una ley que se aprobó con otro discurso.
Cada vez son más las voces que hablan de pucherazo, desde posiciones tibias, algunas eso sí, hasta otras más rotundas como las de VOX que denuncian el voto exterior por correo. No es España es el único país que se ha topado con este dilema. Italia vivió algo parecido cuando cualquier descendiente de un antepasado italiano vivo desde 1861 podía reclamar la ciudadanía. La avalancha de solicitudes desde Argentina y Brasil obligó a Giorgia Meloni a frenar la vía en marzo de 2025, limitando la transmisión automática a dos generaciones y exigiendo un vínculo real con el país. Roma entendió que un derecho sin arraigo se devalúa. Madrid, de momento, no parece dispuesta a plantearse lo mismo. O, mejor dicho, el Palacio de la Moncloa parece dispuesto a todo lo contrario.
Hay además indicios de que el proceso se ha acelerado en el tramo final. Según una denuncia presentada por la asociación Iustitia Europa ante la Junta Electoral Central, que cuestiona el modo en que se asigna la provincia de voto a los nuevos electores en el exterior, el Gobierno habría nacionalizado a 34.000 personas por esta vía solo en el primer trimestre del año. Es exactamente el tipo de indicio que merece que alguien pregunte, con nombre y cargo, por qué tanta prisa justo ahora. Porque de eso se trata, en el fondo: de la prisa y de la trampa. Un Gobierno seguro de su proyecto no necesita ensanchar el censo por la puerta de atrás para ganar tiempo hasta 2027. Lo que necesita es someterse a las urnas cuando toca. Y parece que toca ahora cuando no hay presupuestos ni estabilidad parlamentaria para sacar adelante iniciativas en un Congreso secuestrado y amordazado. Que el ejecutivo no lo haga, y que en paralelo el censo exterior crezca a un ritmo que multiplica por seis el de hace tres años, no prueba un delito. Pero sí dibuja, con bastante nitidez, hacia dónde mira Moncloa cuando calcula el calendario electoral.
La pregunta que le queda a este Gobierno no es jurídica, es política: si tan convencidos están de su proyecto, ¿por qué no lo someten a las urnas ya, con el censo de hoy, en vez de esperar a tenerlo hecho a su medida?
