Avanzamos pulverizando récords, y los hitos llegan y pasan tan deprisa que es difícil prestarles la debida atención. Como, por ejemplo, la amnistía extraordinaria (en todos los sentidos de la palabra) concedida a los autores del golpe de Estado catalán del 1 de octubre.
Aquello abrió los ojos a los últimos ingenuos que pudieran quedar en España. No por el desmán en sí —no será el primer dictador de la historia que usa el indulto para salvar su propio pellejo—, sino por la respuesta de los 61 y sus innumerables clones en medios y redes.
Lo que hace diferente a esa reacción de cualquier otro argumentario de chichinabo para arropar al líder y nos mete de golpe en territorio tan desconocido como peligroso es un par de circunstancias letales. En primer lugar, no la duda, sino la certeza absoluta de que todos ellos mentían.
Ahora, puedo imaginar perfectamente que un progre mantenga de forma sincera opiniones disparatadas y aun versiones de los hechos risiblemente erróneas, o no serían progres. Puedo creerme que un nacionalista crea que no debería ser punible saltarse la ley del Estado opresor, e incluso que un socialista piense que no es para tanto, déjale al chico, que no tiene mala intención.
Pero cuando se ha sostenido públicamente el opuesto exacto y al tirano clemente le faltan exactamente los siete votos que tienen los condenados, ni el más idiota puede pensar que la medida tenga nada que ver con la «reconciliación de los españoles», una idea que a Sánchez le da urticaria.
En pocas palabras: todos los que trataron de explicar la conveniencia de la medida sin decir expresamente que era necesaria para que Sánchez se mantuviera en el poder mentían con toda la boca, sabían que estaban mintiendo y sabían que todos lo sabíamos.
Y el segundo rasgo de esa reacción es la desproporción tan brutal entre el beneficio obtenido —unos añitos más con Sánchez durmiendo en Moncloa— y las consecuencias a medio y largo plazo. Es como alegrarte de la victoria de tu equipo por incomparecencia del contrario, ametrallado en un atentado. El daño que ese indulto, escandalosamente respaldado por un Tribunal Constitucional que no necesita la Constitución para nada, no solo daña fatalmente la presencia del Estado en Cataluña, sino, sobre todo, dinamita el Estado de Derecho y la mínima confianza de los españoles en las instituciones. No compensa, ¿no?
Y ese mismo doblete deletéreo lo estamos viviendo ahora mismo con la llamada ‘ley de nietos (bisnietos y tataranietos)’. Nadie, absolutamente nadie, de quien la defiende ignora por un segundo que su único objetivo es alterar el censo electoral a favor de Sánchez en un pucherazo espectacular.
Pero a la izquierda nunca le han importado los medios, sino el fin. Las instituciones siempre han sido escalones útiles para obtener y conservar el poder. Y si no sirven para eso, se eliminan o adulteran. ¿Alguien entre los que invocan la Guerra Civil o muestran un súbito interés por la genealogía aplaudirían la medida si la ampliación millonaria del censo hiciera mucho más probable una victoria de VOX? No hace falta que contesten.
También aquí tenemos el segundo rasgo fatal: lo poco que se gana, incluso desde su punto de vista, para la muchísimo que se pierde. Porque la base procedimental misma del sistema se viene abajo. Es sólo un mecanismo con el que jugar para que nos dé siempre el resultado deseado. Y si hay que dejar el destino de nuestro país en manos de gente que no es española en ningún sentido inteligible del término, que no vive aquí, que quizá nunca haya estado aquí ni paga aquí los impuestos ni acudiría a defenderla con las armas en caso de ser atacada, pues se deja.
El otro día escribí que el «secreto» de Sánchez es que carece de límites morales. Pero hay otro detalle más para explicar su éxito: sabe que nuestro límite para tragar con cualquier cosa es igualmente ilimitado.
