El Gobierno del Reino Unido ha decidido suspender la concesión de visados de estudiante y trabajo para ciudadanos de cuatro países —Afganistán, Camerún, Sudán y Myanmar— tras detectar un aumento significativo de casos en los que estos permisos se utilizan como vía de entrada para solicitar posteriormente asilo.
La medida ha sido impulsada por la ministra del Interior británica, Shabana Mahmood, que ha activado por primera vez un mecanismo de «freno de emergencia» para frenar el uso fraudulento del sistema de visados. Según el Ministerio del Interior, en los últimos años se ha registrado un fuerte incremento de estudiantes y trabajadores que, tras llegar legalmente al país, solicitan protección internacional para permanecer de forma permanente.
El Ejecutivo sostiene que el sistema estaba siendo utilizado como una «puerta trasera» hacia el asilo. Muchos de los solicitantes terminan alojados en hoteles financiados con fondos públicos mientras se resuelve su situación administrativa.
Los datos oficiales reflejan un crecimiento notable de este fenómeno. En los últimos cinco años, más de 133.000 inmigrantes solicitaron asilo en el Reino Unido tras haber entrado inicialmente con visados de trabajo, estudio o turismo. En el último año, casi cuatro de cada diez solicitudes de asilo procedían de personas que habían accedido al país mediante estas rutas legales.
El caso de Afganistán es especialmente significativo. Entre 2020 y 2024, cerca del 74% de los estudiantes afganos que llegaron con visado acabaron solicitando asilo. En el año que terminó en septiembre de 2025, el número de estudiantes afganos que pidieron protección internacional superó incluso al número de visados concedidos.
Situaciones similares se han registrado con ciudadanos de Camerún y Sudán, donde las solicitudes de asilo de estudiantes aumentaron más de un 330%. En el caso de Myanmar, las peticiones de visado estudiantil se multiplicaron por dieciséis entre 2021 y 2025.
Las autoridades británicas calculan que casi 16.000 ciudadanos de estos cuatro países reciben actualmente ayudas públicas vinculadas al sistema de asilo, incluidos más de 6.000 alojados en hoteles financiados por el Estado. El coste total del sistema supera los 4.000 millones de libras anuales.
Desde el Ministerio del Interior se ha advertido de que la suspensión de visados podría extenderse a otros países si no cooperan para evitar abusos del sistema migratorio. «La ministra no dudará en aplicar medidas similares a otros Estados», señalaron fuentes gubernamentales.
Mahmood defendió la decisión subrayando que el Reino Unido seguirá ofreciendo protección a quienes huyen de guerras o persecuciones, pero insistió en que el sistema de visados no puede convertirse en un mecanismo para eludir los controles migratorios. «Nuestro sistema debe ser justo, pero no puede ser explotado», afirmó.
La medida forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno británico para endurecer su política migratoria. Entre las reformas recientes figura la eliminación del derecho automático al asilo permanente y la introducción de un sistema de protección temporal que será revisado periódicamente, con la posibilidad de retorno al país de origen si la situación se considera segura.
