Europa tiene ya el miedo en el cuerpo ante un panorama en el que tratar de negar la invasión del Tercer Mundo es solo una broma de mal gusto. Así que está haciendo planes, entre otras cosas, para «devolver» a miles de inmigrantes a países africanos en los que nunca han estado. Porque devolverlos a sus países de origen es a menudo imposible.
Cada año, los países de la Unión Europea ordenan abandonar su territorio a cientos de miles de extranjeros que no tienen derecho a permanecer en él. Algunos han solicitado asilo y su petición ha sido rechazada. Otros han perdido o nunca tuvieron permiso de residencia. Sobre el papel deben marcharse. En la práctica, muchos se quedan.
En 2025, los países de la UE dictaron 491.950 órdenes de salida. Sólo 135.460 personas fueron efectivamente devueltas a un país situado fuera de la Unión, según Eurostat. Incluso esa cifra supuso una mejora importante: un 21% más que el año anterior.
La Comisión Europea lleva tiempo admitiendo que el sistema no funciona. Cuando presentó su reforma de las normas de retorno, en marzo de 2025, calculaba que apenas el 20% de quienes recibían una orden de salida acababan siendo efectivamente devueltos.
Hay inmigrantes que desaparecen antes de ser expulsados. Faltan documentos que permitan acreditar su nacionalidad. Los procedimientos se prolongan. Y algunos países de origen sencillamente no colaboran o ponen dificultades para recibir de vuelta a sus ciudadanos. Así que Europa ha decidido probar otra solución: si no puede enviar al expulsado a su país, podrá enviarlo a otro.
La nueva legislación europea sobre retornos abre la puerta a los llamados return hubs, centros situados fuera de la Unión Europea a los que podrán trasladar a personas que ya no tienen derecho a permanecer en suelo europeo. No tiene por qué ser su país de origen ni que el inmigrante haya vivido allí ni que tenga vínculo alguno con él. Puede ser un tercer Estado que haya aceptado recibirlo mediante un acuerdo con uno o varios países europeos.
La legislación permite dos posibilidades. El centro puede funcionar como estación de paso mientras se organiza el regreso al verdadero país de origen. También puede convertirse en el destino final de la expulsión. Cinco países han decidido adelantarse para convertir la idea en realidad: Alemania, Dinamarca, Austria, Grecia y Países Bajos.
Sus ministros responsables de inmigración se reunieron el pasado 4 de septiembre en Copenhague. Salieron de allí con un modelo común, un calendario y el propósito de alcanzar antes de final de año un acuerdo con al menos un país situado fuera de la UE. Si cumplen sus previsiones, los primeros inmigrantes podrían ser enviados a uno de esos centros en 2027. «Estamos más cerca que nunca», resumió el ministro danés de Inmigración, Morten Bødskov.
Hace pocos años, solo los partidos soberanistas hubieran planteado enviar inmigrantes desde Europa a un país africano con el que no tenían relación, pero ahora cuenta con una base legal europea y con Alemania entre sus principales impulsores.
Solo hay que encontrar quién los reciba, una labor que se realiza discretamente y, de hecho, los cinco gobiernos se niegan a hacer pública la lista completa de países con los que hablan mientras las conversaciones siguen abiertas. Pero suenan dos nombres: Ruanda y Uganda.
A finales de agosto, representantes de los cinco países viajaron a Kigali para estudiar con las autoridades ruandesas la posibilidad de instalar allí uno de los centros. El ministro de Exteriores de Ruanda, Olivier Nduhungirehe, confirmó después la visita y las negociaciones. Uno de los lugares estudiados es el centro de tránsito de Gashora, unos 60 kilómetros al sur de Kigali. No parte completamente de cero. Desde 2019 ha acogido a personas evacuadas de los centros de detención de Libia mientras se buscaba para ellas un destino definitivo.
También ha habido conversaciones con Uganda. La Comisión Europea confirmó en agosto que Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos mantenían contactos con Kampala, aunque dejó claro que Bruselas no participa directamente en las negociaciones.
El incentivo será inevitablemente económico. El cuánto no se conoce todavía. Los acuerdos pueden incluir financiación de los centros, ayuda al desarrollo, inversiones, cooperación comercial o ventajas diplomáticas. En eso consiste la negociación.
La política en cuestión ya se ha intentado. En abril de 2022, el Gobierno británico de Boris Johnson firmó con Kigali un acuerdo para trasladar a Ruanda a inmigrantes llegados irregularmente al Reino Unido. Sus solicitudes de asilo serían examinadas allí y quienes obtuvieran protección podrían permanecer en el país africano.
El proyecto se convirtió en una larga batalla judicial. Ningún vuelo llegó a trasladar a los solicitantes previstos. En noviembre de 2023, el Tribunal Supremo británico declaró ilegal el plan al considerar que existía riesgo de que algunas personas fueran enviadas desde Ruanda a países donde podían sufrir persecución. El Gobierno conservador intentó salvar el obstáculo mediante un nuevo tratado y una ley que declaraba a Ruanda país seguro. El proyecto terminó definitivamente cuando los laboristas llegaron al poder en 2024. Keir Starmer lo canceló.
Los nuevos centros europeos se parecen al modelo británico en un aspecto esencial —enviar fuera de Europa a personas que no son nacionales del país receptor—, pero existe una diferencia importante. Los return hubs están concebidos para personas que ya han recibido una orden de salida y carecen de derecho a permanecer en la UE. No se trata, en principio, de trasladar a África a alguien para decidir allí si merece asilo europeo. La decisión ya estaría tomada.
Un caso peculiar es el de Italia. El Gobierno de Giorgia Meloni firmó en 2023 un acuerdo con Albania para construir dos centros bajo jurisdicción italiana. El objetivo inicial era tramitar allí determinadas solicitudes de asilo de inmigrantes interceptados en el Mediterráneo.
Los tribunales italianos bloquearon repetidamente los primeros traslados y el modelo acabó inmerso en una disputa sobre qué países podían ser considerados seguros y bajo qué condiciones podía enviarse allí a un solicitante. Roma modificó después el uso previsto de los centros para destinarlos también a personas pendientes de expulsión.
La experiencia italiana ha servido al menos para demostrar que construir un centro fuera de la UE resulta mucho más sencillo que construir el entramado jurídico necesario para llenarlo, y los demás países han tomado buena nota.
El Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron en junio un acuerdo sobre el nuevo sistema común de retornos. La norma permite expresamente establecer centros en terceros países. El Estado receptor deberá respetar las normas internacionales sobre derechos humanos. Deberá cumplirse el principio de no devolución, que prohíbe enviar a una persona a un lugar donde pueda sufrir persecución o graves violaciones de sus derechos. Los acuerdos tendrán que estar sometidos a vigilancia. Las familias con menores y los menores no acompañados quedan excluidos del sistema previsto por la Comisión.
Dinamarca lleva años defendiendo que parte de la política europea de inmigración debe trasladarse fuera de las fronteras del continente. Durante mucho tiempo fue una posición excepcional. La idea fue ganando partidarios a medida que distintos gobiernos europeos comprobaron la distancia existente entre denegar el derecho de residencia y conseguir que el extranjero abandone realmente el país.
Porque las cifras son las que son. En 2025, Francia dictó 137.550 órdenes de salida; Alemania, 55.240; España, 53.700. En toda la UE fueron casi medio millón. Los retornos efectivos a terceros países quedaron en 135.460.
Los gobiernos europeos han probado distintas fórmulas para cerrar esa distancia: retornos voluntarios incentivados, acuerdos bilaterales de readmisión, presión diplomática, restricciones de visados para los países que se niegan a colaborar y mayor intervención de Frontex.
Los centros exteriores añaden ahora otra posibilidad. Si el país de origen bloquea la devolución, el inmigrante podría dejar de permanecer indefinidamente en Europa mientras continúa la negociación sobre su destino, uno de los efectos que buscan los cinco gobiernos que impulsan el proyecto.
También esperan que la existencia de esos centros tenga un efecto disuasorio. Si llegar a Europa deja de garantizar en la práctica una estancia prolongada incluso después de perder el derecho de asilo, sostienen, parte del incentivo para realizar el viaje desaparecerá. Dinamarca ha convertido esa idea en uno de los principios expresos del proyecto: los centros deben producir un efecto «medible» sobre la inmigración irregular.
Pero el plan está plagado de problemas, empezando por el coste. No existe todavía una estimación pública fiable de cuánto costará mantener a cada expulsado en un tercer país ni durante cuánto tiempo. El segundo es qué ocurre después. Un inmigrante puede ser enviado a un centro en Ruanda porque su verdadero país de origen se niega a aceptarlo. Si el centro es sólo una estación de tránsito, el problema original sigue esperando al final del camino.
La nueva legislación contempla por eso que el tercer país pueda convertirse también en destino final. Esa posibilidad abre nuevas preguntas sobre el estatuto jurídico de quienes sean trasladados allí, su libertad de movimientos y la responsabilidad que conservará el Estado europeo que ordenó su expulsión.
También existe oposición dentro de la propia UE. Francia y España han mostrado reservas sobre los centros exteriores y cuestionan tanto su eficacia como su compatibilidad con los principios europeos. Los tribunales tendrán probablemente la última palabra sobre buena parte del modelo.
Pero el grupo de siete países sigue adelante con sus planes. Su grupo de trabajo se reunió por primera vez en marzo. En agosto envió representantes a Ruanda. El 4 de septiembre, los ministros se encontraron en Copenhague y acordaron un modelo común. Después llevaron la discusión a la reunión europea celebrada en Múnich el pasado sábado.
Las entradas irregulares en Europa están cayendo. También las solicitudes de asilo. El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, asegura que los cruces irregulares han descendido más de un 55% en los últimos dos años. Los gobiernos que impulsan los return hubs consideran que es el momento de apretar un poco más.
