Italia ha abierto este martes un juicio histórico contra seis miembros de la ONG Mediterranea Saving Humans (MSH), acusados de facilitar la inmigración ilegal bajo el pretexto de misiones humanitarias en el Mediterráneo.

El proceso, que se celebra en Ragusa (Sicilia), se centra en una operación de agosto de 2020 en la que la embarcación Mare Jonio, gestionada por la organización, trasladó a 27 inmigrantes que permanecían a bordo del petrolero danés Maersk Etienne desde hacía más de un mes, después de que Italia y Malta se negaran a acogerlos.

Entre los acusados figuran Luca Casarini, cofundador de MSH y veterano activista de la extrema izquierda, el capitán del barco, tres tripulantes y un médico. La Fiscalía sostiene que la actuación de la ONG no fue un rescate desinteresado, sino una operación pactada con compensación económica.

Los fiscales italianos han aportado como prueba un pago de 125.000 euros realizado por la compañía Maersk a la ONG meses después del rescate. Aunque la naviera danesa asegura que el dinero se destinó a cubrir «parte de los costes logísticos» de la operación, los investigadores apuntan a que podría tratarse de una remuneración encubierta por el traslado de los migrantes.

Maersk declaró en 2021 que «en ningún momento se negoció compensación alguna» y calificó el desembolso como un gesto humanitario. Sin embargo, la justicia italiana considera que esta donación podría vulnerar las leyes nacionales e internacionales sobre tráfico de personas y rescates marítimos. El juicio, que continuará el próximo 13 de enero, es el primero de su tipo en Italia, después de años de intentos fallidos por juzgar a miembros de ONG implicadas en el tráfico de migrantes.

La primera ministra Giorgia Meloni, que asumió el poder en 2022, ha impulsado una política firme para reducir la entrada de inmigrantes ilegales y acabar con la impunidad de las ONG que —según denuncia el Gobierno— colaboran, consciente o inconscientemente, con las mafias que operan desde Libia y Túnez.

Durante la primera audiencia, los abogados defensores plantearon objeciones técnicas, incluyendo el uso de intervenciones telefónicas que implicaban a «periodistas, abogados, obispos y parlamentarios». También cuestionaron que la asistencia médica a bordo pueda considerarse delito.