El Tribunal de Cuentas Europeo (ECA) ha lanzado una dura advertencia contra la Comisión Europea por la falta de transparencia en la gestión de miles de millones de euros destinados a ONG y lobbies vinculados al entramado institucional de Bruselas.
Durante una conferencia celebrada en Luxemburgo, los auditores denunciaron que el sistema de subvenciones europeo «se ha convertido en una red de organizaciones ideológicamente alineadas con la burocracia comunitaria«, en lugar de servir al interés público.
Según el informe más reciente del ECA, citado por The European Conservative, entre 2021 y 2023 la Comisión distribuyó más de 7.400 millones de euros a ONG dedicadas a activismo político en torno al clima, el género y otras causas identitarias. Los auditores advirtieron que el rastro del dinero «sigue siendo confuso, fragmentado y, en algunos casos, inaccesible para el ciudadano medio europeo«.
«La transparencia no puede ser un eslogan vacío; debe traducirse en datos verificables y acceso real a la información», afirmó Laima Andrikienė, miembro del ECA, quien reclamó a la Comisión que deje de tratar esos fondos «como si fueran propiedad privada de las élites de Bruselas«.
Uno de los principales focos de preocupación es el Registro de Transparencia de la UE, creado para identificar quién influye en las decisiones europeas y con qué financiación. En la práctica, explicaron los auditores, muchas de las entidades registradas reciben dinero directamente de la Comisión, generando una «relación de dependencia incompatible con la independencia que se espera del tercer sector«.
El vicepresidente del Tribunal, Jorg Petrovič, advirtió de que la Comisión «se enfrenta a un grave riesgo institucional si ignora estas advertencias» y propuso fijar límites de control estatal, crear una base de datos pública de beneficiarios y auditar periódicamente la independencia ideológica de las ONG financiadas.
Bruselas respondió prometiendo nuevos mecanismos de control y accesibilidad, así como la publicación de una lista detallada de beneficiarios a partir de 2026. Sin embargo, los auditores temen que se trate de simples promesas cosméticas si no van acompañadas de medidas concretas.
«Los ciudadanos tienen derecho a saber quién se beneficia de su dinero y con qué propósito«, recordó un portavoz del ECA, subrayando que la opacidad y la tecnocracia han minado la confianza pública en la Unión Europea y alimentado el creciente euroescepticismo. «Si la transparencia desaparece, la democracia también», concluyó Andrikienė.
