La sede del Partido Socialista de Portugal, situada en Lisboa, ha sido registrada este jueves por la Policía Judicial dentro de una operación anticorrupción centrada en la presunta adjudicación irregular de contratos municipales. Las diligencias forman parte de una investigación por posibles delitos de prevaricación y participación económica en negocio, según ha informado el propio cuerpo policial.

La operación, bautizada como Imergente, no se limita a la sede socialista de la capital portuguesa. Los investigadores también han previsto actuaciones en otros puntos de Lisboa y en los municipios de Mafra, Oeiras y Coimbra, en una intervención de gran alcance que ha movilizado a cerca de 400 inspectores y peritos de la Policía Judicial, además de siete magistrados del Ministerio Público.

Hasta el momento, las autoridades portuguesas han detenido a cinco personas y han constituido como arguidos —figura procesal equivalente a sospechosos formales antes de una eventual acusación— a otras 37. La Policía Judicial no ha detallado públicamente los cargos o responsabilidades de todos los afectados por la investigación.

El foco de las pesquisas está puesto en supuestos procedimientos de contratación realizados mediante ajuste directo o consulta previa. Según la Policía Judicial, esas fórmulas se habrían utilizado en contra de las normas legales aplicables y con perjuicio para los fondos públicos. Los investigadores tratan ahora de determinar si esas adjudicaciones sirvieron para favorecer intereses concretos al margen de la legalidad administrativa.

El Partido Socialista portugués ha confirmado en un comunicado la presencia de la Policía Judicial en su sede, aunque ha tratado de desvincular a la formación de la investigación como organización. Según la versión del partido, las diligencias están relacionadas con actividades atribuidas a uno de sus trabajadores y no convierten al PS, como tal, en objetivo de la causa.

La formación socialista ha asegurado además que está colaborando con los agentes en todo aquello que se le está requiriendo. En su nota, el partido ha defendido que su actuación se ajusta al deber de cooperación con la Justicia y al respeto de las normas del Estado de derecho.

Los detenidos deberán comparecer próximamente ante un tribunal, donde serán interrogados y se decidirán las medidas cautelares que puedan imponerse. La investigación continúa abierta y las autoridades no descartan nuevas diligencias en el marco de una operación que sitúa bajo sospecha determinados procedimientos de contratación pública en varios puntos de Portugal.

El registro de la sede socialista en Lisboa supone un golpe político para el Partido Socialista portugués, aunque la formación insiste en que la causa afecta a conductas atribuidas a un trabajador concreto. La Policía Judicial, por su parte, mantiene el foco en el posible uso irregular de mecanismos de contratación municipal y en el perjuicio que esas prácticas habrían causado al dinero público.