Alemania enfrenta un nuevo escándalo migratorio tras descubrirse una red organizada de fraude de paternidad que ha costado al Estado decenas de millones de euros. La trama, detectada principalmente en la ciudad de Dortmund, implica a siete hombres —en su mayoría procedentes de África Occidental— que han reconocido la paternidad de 122 niños que no son suyos.

El objetivo del fraude era obtener permisos de residencia y ayudas sociales para las madres inmigrantes, muchas de las cuales habrían sido captadas y explotadas por redes de prostitución. Según el diario Welt, esta práctica se ha extendido por el estado de Renania del Norte-Westfalia, donde operan varias «familias empresariales» dedicadas al mismo esquema.

El caso más conocido es el de Jonathan A., apodado «Mr. Cash Money«, un nigeriano nacionalizado alemán que presumía de billetes y coches de lujo en redes sociales tras haber reconocido la paternidad de 24 hijos de distintas mujeres africanas. Las autoridades calculan que llegó a ganar más de 22.000 euros al mes con el fraude.

El método es simple: cuando un hombre con nacionalidad alemana reconoce la paternidad de un hijo de una mujer migrante, ella obtiene automáticamente derecho de residencia y el niño la ciudadanía alemana. El supuesto padre recibe entre 6.000 y 8.000 euros por caso, y el Estado asume los gastos de manutención.

Los investigadores advierten que este sistema fraudulento nació tras la reforma legal de 1997, cuando se flexibilizó el reconocimiento de paternidad para proteger a los menores sin progenitor identificado. Sin embargo, la norma se convirtió en un agujero legal aprovechado por redes extranjeras.

Las autoridades estiman que el mantenimiento de los 122 niños falsos y sus madres cuesta al erario más de siete millones de euros anuales. El profesor de Derecho Harald Dörig, asesor del Bundestag, asegura que el problema es mucho mayor de lo que se reconoce oficialmente: «La mayoría de los casos permanece oculta a las autoridades«.

Mientras el Gobierno busca una nueva ley para cerrar las brechas legales, el caso ha reavivado el debate sobre el coste real de la inmigración y los abusos al sistema de bienestar alemán, en un momento en que el apoyo a la AfD se dispara entre los ciudadanos indignados por el descontrol migratorio.