Después de décadas de negligencia, silencio institucional y encubrimientos sistemáticos, el primer ministro laborista Keir Starmer ha anunciado una investigación nacional sobre las bandas de secuestro y abuso de menores, responsables de crímenes cometidos durante años en decenas de ciudades británicas. El anuncio llega tras la presión creciente, tanto dentro del propio Partido Laborista como desde sectores mediáticos y políticos críticos, con la pasividad del Estado.
Starmer, que en el pasado desestimó la idea de una investigación nacional tachándola de «agenda de la extrema derecha«, ha dado un giro en su discurso. La decisión llega después de las críticas contra el Gobierno de medios de comunicación, además de los buenos resultados en las encuestas de Reform UK, el partido soberanista que exige fronteras más seguras y mayores restricciones contra la inmigración masiva.
La investigación nacional —si logra evitar el laberinto burocrático y los retrasos habituales— podrá citar a testigos y examinar el papel de las instituciones que durante años fallaron a miles de niñas vulnerables: policía, trabajadores sociales, escuelas, hogares infantiles y gobiernos locales.
Muchos de los crímenes ya juzgados tienen un patrón común: hombres de origen pakistaní que se hacían pasar por “novios” de menores blancas vulnerables, para luego explotarlas sexualmente y mantenerlas cautivas dentro de redes organizadas. Los casos más emblemáticos, como Rotherham, Rochdale o Telford, mostraron no sólo la brutalidad de los abusos, sino el miedo institucional a actuar por razones ideológicas y raciales.
Este giro en la postura de Downing Street se produce pocos días después de la condena de siete miembros de una pandilla en Rochdale, hallados culpables de haber abusado durante años de dos niñas vulnerables. Un caso más en una larga lista que el Estado británico ha tardado décadas en reconocer con claridad.
La nueva investigación podría convertirse en un punto de inflexión en la lucha por la verdad y la justicia. Pero también será una prueba: la de si el Gobierno británico está dispuesto a asumir la magnitud del escándalo y las complicidades institucionales que lo permitieron. Para las víctimas ya ha pasado demasiado tiempo.
