Suecia endurece su política migratoria. El Parlamento sueco aprobó este lunes una nueva ley de «buena conducta» que permitirá denegar o revocar permisos de residencia a extranjeros por conductas consideradas incompatibles con la vida en el país, como acumular deudas importantes, incumplir decisiones oficiales, trabajar de forma irregular, cometer fraude fiscal o mantener vínculos con redes criminales o extremistas.

La norma, impulsada por el Gobierno de centroderecha con el apoyo de los Demócratas de Suecia, entrará en vigor el 13 de julio de 2026 y se aplicará también a permisos ya concedidos. El Riksdag ha defendido que el objetivo es «aumentar las posibilidades de expulsar a personas en función de su estilo de vida«, un giro que refuerza el peso de la conducta personal en la concesión y conservación de la residencia.

El Parlamento ha explicado que la reforma introduce requisitos más estrictos para obtener y mantener un permiso. La mala conducta podrá incluir «el incumplimiento de leyes, reglamentos y decisiones oficiales», la existencia de «deudas importantes» o el mantenimiento económico por medios deshonestos.

Los soberanistas de Demócratas de Suecia han celebrado la aprobación de la medida como el cumplimiento de una de sus promesas electorales. El partido ha destacado también la aprobación de otras reformas, entre ellas el endurecimiento de las penas para delincuentes vinculados a bandas criminales y la reintroducción de la responsabilidad civil oficial.

La medida forma parte de un paquete más amplio para reforzar las expulsiones. El Parlamento sueco ha aprobado además cambios en la ley de extranjería para facilitar los procedimientos de deportación y obligar a varias agencias públicas a informar a la Policía cuando existan motivos para creer que un extranjero no tiene derecho a permanecer en el país.

Entre los organismos afectados figuran la Agencia Sueca de Empleo, la Seguridad Social, el Servicio de Prisiones y Libertad Condicional, la Agencia de Pensiones, la Agencia Tributaria y la Autoridad de Ejecución. Las autoridades podrán ampliar el uso de huellas dactilares y fotografías, así como incautar y revisar dispositivos móviles cuando se sospeche que contienen información relevante sobre la identidad del extranjero.

El ministro de Migración, Johan Forssell, ya había defendido que «quien no se esfuerce por hacer lo correcto no debería poder contar con permanecer» en Suecia. El Gobierno sostiene que el país debe premiar a quienes respetan las normas y establecer consecuencias para quienes cometen delitos, defraudan al sistema o se sitúan al margen de la sociedad sueca.

La oposición y organizaciones como Civil Rights Defenders han denunciado que los criterios son «arbitrarios» y que la ley genera inseguridad jurídica. El Ejecutivo, en cambio, presenta la reforma como una respuesta directa al fracaso del modelo migratorio sueco, marcado durante años por una fuerte presión sobre los servicios públicos, el crecimiento de bandas criminales y el debate sobre la integración real de los extranjeros.