El Gobierno sueco ha anunciado que presentará un proyecto de ley para reducir la edad de responsabilidad penal a los 13 años en el caso de delitos graves castigados con al menos cuatro años de prisión, como el asesinato o la violación, una medida que endurece el enfoque del Ejecutivo frente a la creciente violencia asociada a las bandas criminales.
El anuncio fue realizado en Estocolmo por el ministro de Justicia, Gunnar Strömmer, quien justificó la iniciativa por la presión que sufre el sistema judicial ante la participación cada vez mayor de menores en crímenes de extrema gravedad.
«Estamos en una situación de urgencia y las medidas que implementamos deben reflejar esa seriedad», afirmó el ministro, al tiempo que reveló que el año pasado 52 menores de menos de 15 años estuvieron implicados en investigaciones por asesinato o intento de asesinato en el país nórdico.
La propuesta se enmarca en el contexto de las denominadas «guerras de bandas», un fenómeno que ha sacudido a Suecia en los últimos años y que, según las autoridades, recurre con frecuencia a adolescentes para ejecutar ajustes de cuentas, aprovechando los límites legales actuales.
El Ejecutivo prevé que la nueva edad de responsabilidad penal entre en vigor el próximo 3 de julio y se aplique durante un periodo inicial de cinco años, tras el cual se revisará la legislación. «El objetivo es que en cinco años hayamos dado unos pasos tan grandes en prevención del crimen que tengamos la opción real de elegir entre volver al límite de 15 años o hacer permanente el límite de 13 años», explicó Strömmer.
De acuerdo con el borrador de la propuesta, los menores de 13 o 14 años que sean declarados culpables recibirán penas significativamente reducidas en comparación con las de un adulto. Un adolescente de 13 años cumplirá una décima parte de la condena prevista para mayores de edad, mientras que uno de 14 años afrontará una quinta parte. En el caso de un asesinato, esto se traduciría en sentencias de entre uno y dos años para los más jóvenes y de tres a cuatro años para los de 14.
Pese al endurecimiento, los tribunales mantendrán la posibilidad de aplicar medidas alternativas al encarcelamiento. Actualmente, los menores de 15 años que cometen delitos graves son puestos bajo la tutela de los servicios sociales, que pueden derivarlos a familias de acogida, centros especializados o devolverlos a su entorno familiar, según la gravedad del caso.