El acuerdo de gobierno entre el PP y VOX en Andalucía incluye la creación de un servicio específico de verificación del fraude prestacional y del padrón, con el objetivo de detectar y desmantelar los empadronamientos ficticios que miles de inmigrantes ilegales utilizan para acceder a prestaciones públicas, permisos de residencia o arraigo. La medida, recogida en el punto 21 del pacto, nace después de años en los que la Policía Nacional ha desarticulado de forma reiterada tramas dedicadas a este tipo de fraude.
En febrero, la operación Furia detuvo a siete personas en El Ejido y Vícar por vender empadronamientos ficticios a inmigrantes ilegales a precios de entre 800 y 1.200 euros. Semanas después, la operación Hurón desmanteló en Almería una red que inscribía a inmigrantes en una finca mediante certificados falsos, sin conocimiento de los propietarios. El caso más grave se produjo en Linares, donde la operación Gloria concluyó con 17 detenidos y dejó al descubierto un piso de 80 metros cuadrados en el que figuraban empadronados 21 inmigrantes ilegales. El fraude alcanzó tal magnitud que se abrieron expedientes sancionadores de hasta 100.000 euros por inscripción ilegal.
Patrones similares se han detectado en otras localidades a nivel nacional. En Seseña, 91 personas aparecían empadronadas en una sola vivienda, y en Gandía la cifra llegó a 127. En todos estos casos, el empadronamiento ficticio servía como llave para obtener permisos de residencia, ayudas sociales o acceso a la sanidad pública. A pesar de estas operaciones policiales, que han puesto de manifiesto de forma reiterada la existencia de redes organizadas que instrumentalizan el padrón, la creación de un servicio institucional y sistemático para combatirlo no figuraba en la agenda del PP cuando gobernaba Andalucía en solitario con mayoría absoluta.
Un servicio que pasa de lo reactivo a lo sistemático
El nuevo servicio permitirá cruzar datos de forma proactiva con ayuntamientos, Seguridad Social y Extranjería, firmar convenios de colaboración y activar inspecciones cuando se detecten altas anómalas en un mismo domicilio en periodos cortos de tiempo. Hasta ahora, la Policía detectaba estos fraudes de forma reactiva, a partir de denuncias o indicios aislados. La herramienta que contempla el acuerdo permitirá actuar de manera sistemática y llegar hasta el final de la cadena: la identificación y desmantelamiento de las redes que operan mediante la sobreocupación de viviendas y los llamados “pisos patera”.
El efecto más importante de esta medida no se medirá únicamente en expedientes abiertos, sino en fraudes que dejarán de cometerse. Un padrón que nadie verifica funciona como una invitación permanente al fraude. Cuando existe la certeza de que habrá cruces de datos, inspecciones sobre el terreno y anulación de inscripciones falsas, quienes operan en este negocio recalculan el riesgo. La disuasión actúa antes de que el fraude se produzca y multiplica el alcance de cada inspector.
Una medida que VOX ha logrado incorporar al pacto
La creación de este servicio se inscribe en la prioridad nacional que vertebra el acuerdo de gobierno: asignar los recursos públicos con preferencia a quien acredita un arraigo real, duradero y verificable con el territorio. El mismo núcleo —prioridad nacional y verificación efectiva del padrón— ya se ha incorporado en los acuerdos de gobierno de Aragón, Extremadura y Castilla y León. Andalucía se convierte así en la cuarta comunidad que pone negro sobre blanco en la necesidad de recuperar el control sobre un registro que durante años ha funcionado como una puerta trasera al sistema de prestaciones y a la regularización de inmigrantes ilegales.
La puesta en marcha de este servicio representa un paso administrativo concreto para distinguir entre quien reside realmente en un municipio y quien utiliza el padrón como un instrumento para eludir los controles de extranjería y obtener recursos públicos a los que no tiene derecho.
