Nicolás Maduro envió 127 toneladas de oro del banco central a refinerías suizas durante cinco años, una operación sostenida y discreta con la que el Gobierno venezolano trató de obtener liquidez y ganar tiempo mientras la crisis de deuda del país se agravaba. El traslado, realizado principalmente por vía aérea, supuso sacar de las reservas nacionales lingotes valorados en cerca de 4.700 millones de francos suizos (unos 5.050 millones de euros al cambio de entonces).

El movimiento permaneció fuera del foco público durante años. Sólo el registro sistemático de importaciones y exportaciones de Aduanas permitió reconstruir posteriormente el recorrido del metal precioso, ya que Suiza documenta de forma exhaustiva todas las entradas y salidas de oro de su territorio. Entre 2012 y 2017, Caracas fue enviando cargamentos sucesivos que acabaron concentrándose en uno de los grandes nodos mundiales del comercio aurífero.

La elección no fue casual. Suiza es, por valor, el mayor centro internacional de importación y exportación de oro y alberga algunas de las refinerías más importantes del planeta. Instalaciones como Valcambi, PAMP o Argor-Heraeus —situadas mayoritariamente en el cantón del Tesino— tienen capacidad para fundir los lingotes y transformarlos en barras de máxima calidad comercial, las denominadas «Good Delivery», acompañadas de certificaciones que facilitan su venta en los mercados internacionales.

Ese proceso resultaba clave para un país como Venezuela, que buscaba monetizar parte de las reservas de su banco central en un momento en el que el acceso a la financiación exterior estaba prácticamente cerrado. Tras el refinado, parte del oro habría salido de Suiza hacia otros centros financieros, como el Reino Unido, mientras que otra fracción fue vendida directamente a países como Turquía, según diversas investigaciones periodísticas.

La radiotelevisión pública suiza, SRF, describió estos envíos como un «acto de desesperación» del Ejecutivo venezolano para evitar el colapso financiero del Estado. Según esa información, el metal se utilizó tanto para ventas directas como para servir de garantía en operaciones de préstamo y refinanciación de deuda, en un contexto en el que el país ya había quedado prácticamente excluido de los mercados financieros convencionales.

Los datos encajan con los análisis publicados en 2017 por el Center for International Governance Innovation. En uno de sus informes, el centro estimaba un agujero de financiación superior a los 15.000 millones de dólares, que podía acercarse a los 20.000 millones si se incluían los compromisos ligados a China. Ese mismo año, los pagos en bonos rondaban los 12.000 millones de dólares, una cifra inasumible para una economía asfixiada por la caída de ingresos.

El desplome de las exportaciones de petróleo —principal fuente de divisas del país— había dejado al Estado sin margen de maniobra. El propio CIGI subrayaba que los ingresos por ventas exteriores eran claramente insuficientes para hacer frente a los vencimientos de deuda y que Venezuela contaba con muy pocos activos líquidos o herramientas de política económica para cerrar ese desfase.

En aquel momento, las operaciones con oro no vulneraban las sanciones internacionales. Sin embargo, el marco cambió poco después. En 2018, el Consejo Federal endureció la normativa sobre transacciones financieras y se alineó con las medidas adoptadas por la Unión Europea, lo que haría hoy muy improbable una operación de ese tipo con Venezuela.

Pese al esfuerzo por ganar oxígeno financiero trasladando reservas al extranjero, la estrategia no logró evitar el desenlace. Ya en 2017, el país dejó de cumplir con sus obligaciones de deuda y entró en una situación de impago prolongado. En la actualidad, la deuda externa venezolana se estima en hasta 170.000 millones de dólares, una cifra que equivale aproximadamente al doble de su producción económica anual y que sitúa al país, de facto, en una situación de quiebra.