La vicepresidenta primera de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Teresa Ribera, comparecerá este martes ante el Comité de Medio Ambiente del Parlamento Europeo para presentar el Clean Industrial Deal (Pacto Industrial Limpio), una estrategia que mantiene la obsesión de Bruselas por la «descarbonización» y pone en riesgo la competitividad de la industria europea en un contexto de crisis energética y competencia desleal.
El documento presentado por la Comisión insiste en reducir un 90 % las emisiones para 2040 y alcanzar la neutralidad de carbono en 2050, pero no reconoce el impacto negativo de sus políticas previas ni el deterioro económico que han causado en el tejido industrial europeo. Así, apuesta por más regulaciones y más intervencionismo.
El Pacto señala que las industrias intensivas en energía deberán someterse a exigencias de descarbonización, afrontar mayores costes y soportar la competencia desleal de terceros países.
La Comisión ha planteado seis factores clave para el desarrollo industrial, que son «energía asequible, mercados líderes, financiación, circularidad, acceso a materiales y mercados globales». Pero su aplicación práctica se traduce en más burocracia, más impuestos y una mayor dependencia de subsidios sin garantías de éxito.
Las medidas presentadas siguen el mismo modelo que ha disparado los precios de la electricidad en Europa. Bruselas insiste en «reducir la dependencia de los combustibles fósiles» sin plantear alternativas viables que eviten el encarecimiento del suministro.
Asimismo, aboga por una reforma del sistema de contratación pública para priorizar criterios climáticos que limitará la libre competencia y encarecerá la producción, favoreciendo a grandes conglomerados en detrimento de las pymes.
Desde el grupo Patriotas por Europa en el Parlamento Europeo han expresado su firme rechazo a este plan, que sacrifica la competitividad y la soberanía industrial en favor de una agenda ideológica. Frente a esta nueva imposición de Bruselas, defiende una política energética «realista» que garantice «precios asequibles, protección para la industria estratégica y una regulación que favorezca la producción y el empleo en Europa».
