Este miércoles 30 de julio se cumple un año de uno de los crímenes más atroces registrados en el Reino Unido en la última década. A plena luz del día, Axel Rudakubana, un joven de 17 años nacido en Cardiff e hijo de inmigrantes ruandeses, entró con un cuchillo de cocina en un estudio de danza infantil en Southport donde 26 niños participaban en un taller inspirado en la música de Taylor Swift. En apenas doce minutos, mató a tres niñas —Bebe King (6), Elsie Dot Stancombe (7) y Alice da Silva Aguiar (9)— e hirió a diez personas, entre ellas seis menores y dos adultos, varios de ellos en estado crítico.

Las autoridades ocultaron su identidad en un primer momento por ser menor de edad, lo que desató una oleada de especulaciones y rumores en redes sociales. La censura provocó que cuentas influyentes en redes sociales afirmaran erróneamente que se trataba de un inmigrante ilegal islamista. A pesar de que esta información fue desmentida —Rudakubana nació en Reino Unido y no tenía afiliación religiosa conocida—, las sospechas se extendieron rápidamente en un país marcado por años de tensiones culturales, disturbios intercomunitarios y escándalos de agresiones sexuales cometidas por personas de origen extranjero en ciudades como Rotherham, Telford o Rochdale.

La indignación por el triple crimen se extendió rápidamente por distintos barrios del país. Durante la vigilia por las víctimas, el primer ministro Keir Starmer fue abucheado por los vecinos. Unos abucheos que derivaron en disturbios frente a la mezquita de Southport, donde se arrojaron piedras y botellas, se quemó una furgoneta policial y se corearon consignas como «¡Queremos recuperar nuestro país!».

Durante los diez días posteriores, las protestas se multiplicaron en 30 ciudades y pueblos del Reino Unido, entre ellas Liverpool, Leeds, Manchester, Belfast y Nottingham. Se registraron 1.804 arrestos. El verano de 2023 acabó siendo el más convulso desde los disturbios de 2011.

El caso de Rudakubana fue especialmente polémico por los numerosos avisos ignorados por las autoridades. Sus profesores lo habían denunciado tres veces al programa antiterrorista Prevent por su obsesión con la violencia. Había llevado armas al colegio, amenazado a compañeros y acumulaba detenciones policiales. A pesar de todo, los servicios sociales decidieron no intervenir, al considerar que no existía una motivación terrorista.

El Gobierno, lejos de asumir responsabilidades por estos fallos, centró su respuesta en censurar y castigar a los ciudadanos que expresaron indignación en redes sociales. La lista de condenados incluye a Peter Lynch, un abuelo de 61 años que acabó suicidándose en prisión tras ser condenado a dos años y ocho meses por gritar «comentarios racistas» frente al hotel de asilo en Rotherham, y a Lucy Connolly, esposa de un concejal conservador, encarcelada casi tres años por publicar un mensaje en X pidiendo «deportaciones masivas ya». En su apelación, el Tribunal consideró que su castigo no era «manifiestamente excesivo».

También fueron condenadas otras personas por publicaciones en Facebook o vídeos en TikTok, aunque no participaran en actos violentos.

Esta semana, el gobierno laborista ha anunciado la creación de una nueva unidad policial para monitorizar redes sociales en busca de mensajes considerados «antiinmigración». Se trata del equipo de Investigaciones de Inteligencia Nacional de Internet, que estará encargado de «vigilar y responder a la actividad en redes a nivel nacional». Una respuesta que muchos interpretan como un intento de reforzar el control ideológico, más que de prevenir nuevas tragedias como la de Southport.

Desde entonces, no se han producido reformas significativas en materia de seguridad o control de menores peligrosos. Tampoco se ha responsabilizado a los servicios sociales que permitieron que Rudakubana —con antecedentes preocupantes y alertas reiteradas— permaneciera en libertad.

Un año después, el Reino Unido continúa debatiéndose entre el miedo, la censura y el desencanto. Las tensiones permanecen, y las protestas frente a hoteles para solicitantes de asilo se han reactivado este verano en lugares como Norwich, Epping y Canary Wharf.