Un estudio de la consultora Ecoplan ha desvelado que el 60% de los solicitantes de asilo procedentes del norte de África son acusados de algún delito durante su estancia en Suiza, lo que ha intensificado la presión sobre las autoridades del país.

El informe, elaborado para el Gobierno federal y los cantones, identifica a este grupo —principalmente jóvenes varones de Argelia, Marruecos y Túnez— como el más problemático en las estadísticas de criminalidad. Muchos de ellos son conocidos como «Harraga», un término utilizado para describir a inmigrantes que viajan sin documentación y que, según la expresión, «queman sus papeles».

A pesar de que las probabilidades de obtener protección internacional son muy reducidas, el número de solicitudes sigue siendo elevado. El pasado año, más de 2.100 ciudadanos argelinos pidieron asilo, pero sólo un 0,3% lo obtuvo. Las tasas fueron igualmente bajas para marroquíes (0,7%) y tunecinos (2,5%), muy por debajo de las registradas por solicitantes de países como Eritrea o Afganistán. Sin embargo, los procedimientos permiten a los solicitantes permanecer en territorio suizo durante su tramitación, e incluso más allá.

Esta situación ha generado una creciente carga sobre los cuerpos de seguridad y el sistema judicial, especialmente en los cantones de habla alemana. En estas regiones, las autoridades han tenido que reforzar patrullas, agilizar procesos judiciales y mejorar la coordinación institucional para intentar frenar la reincidencia y evitar que los sospechosos desaparezcan o vuelvan a delinquir.

Algunos territorios han registrado incrementos muy significativos en determinados delitos. En el cantón de Thurgau, por ejemplo, los robos de vehículos aumentaron un 242%, pasando de 74 a 253 casos, y aproximadamente la mitad de los delitos esclarecidos se atribuyen a solicitantes de asilo norteafricanos.

En Argovia, las cifras también reflejan una fuerte concentración de este fenómeno: tres de cada cuatro casos resueltos de robo corresponden a sospechosos de Argelia, Marruecos o Túnez. Además, casi 20 de los 50 reincidentes identificados por las autoridades proceden de estos países. Entre los casos destacados figura el de un joven argelino de 17 años condenado por múltiples delitos, incluidos robos de vehículos, hurtos y allanamientos.

Otros cantones han lanzado advertencias similares. En Zúrich, el responsable de seguridad, Mario Fehr, ha señalado la alta implicación de ciudadanos argelinos y marroquíes en delitos contra la propiedad. En San Galo, la fiscalía emitió el año pasado más de 1.700 órdenes de detención relacionadas con este grupo, mientras que en Solothurn se ha impulsado la creación de un nuevo organismo para hacer frente a la reincidencia.

Desde el ámbito federal, la Secretaría de Estado de Migración ha puesto en marcha varias iniciativas para contener la situación. Entre ellas, destacan la aceleración de los procedimientos de asilo, la priorización de expulsiones de delincuentes condenados, la creación de grupos de trabajo especializados y una mayor cooperación entre fuerzas policiales y autoridades migratorias. También se han organizado reuniones estratégicas y se ha incorporado a antiguos agentes para mejorar el intercambio de información.

Pese a estas medidas, algunos expertos consideran que la respuesta sigue siendo insuficiente. El periodista especializado en el Magreb Beat Stauffer ha criticado el elevado coste del sistema, señalando que Suiza destina importantes recursos a tramitar solicitudes con tasas de rechazo cercanas al 99%. A su juicio, debería exigirse desde el inicio una justificación sólida para admitir este tipo de peticiones.

En este contexto, las autoridades suizas continúan buscando fórmulas para gestionar un fenómeno que, según diversos responsables de seguridad, podría ser aún mayor de lo que reflejan los datos oficiales.