Un informe del Foro Athena titulado «Bajo la Superficie» ha desvelado un proceso silencioso pero profundo en las instituciones de la Unión Europea y el Consejo de Europa: la incorporación progresiva de conceptos de identidad de género en la administración pública. Escrito por Faika El-Nagashi y Anna Zobnina, el documento sostiene que ideas que antaño pertenecían al ámbito activista se han convertido en normas operativas que afectan leyes, políticas y la cultura institucional en sectores tan diversos como la educación, la salud y la igualdad de género.

Según el informe, esta transformación no se limita al territorio europeo. Como principal financiador mundial de cooperación internacional, la UE promueve sus marcos de identidad de género en otros países mediante programas de desarrollo y diplomacia. En India, por ejemplo, un programa europeo permitió que 425 personas cambiaran legalmente su sexo mediante autodeclaración, un hecho que, según los autores, podría generar consecuencias negativas en un contexto de violencia sexual y discriminación generalizada.

El informe detalla que la UE y el Consejo de Europa han creado una compleja red de agencias, paneles asesores y grupos de expertos. Aunque sus recomendaciones no son legalmente vinculantes, ejercen una influencia creciente sobre la legislación y la formulación de políticas. Con decenas de millones de euros provenientes de fondos europeos y fundaciones de derechos humanos, estas entidades actúan como «expertos» que orientan programas, consultas y audiencias institucionales.

Los autores advierten que, bajo la bandera de la inclusión y los derechos humanos, la expansión de la identidad de género ha ido acompañada de estrategias de litigio, presión política y programas de formación en instituciones públicas, medios de comunicación y organizaciones civiles. Esto ha generado un entorno en el que cuestionar la ortodoxia de la identidad de género puede implicar riesgos legales o profesionales.

En el plano interno, diversas instituciones han impulsado esta agenda. El Intergrupo sobre Derechos LGBTIQ+ del Parlamento Europeo canaliza demandas transactivistas, mientras que la Agencia de los Derechos Fundamentales y el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) consolidan la ideología a través de informes, recomendaciones y estadísticas. Las encuestas de Eurobarómetro, que recogen la opinión pública, refuerzan estas prioridades y alimentan la formulación de políticas.

El informe subraya que los principios OSIEGCS (orientación sexual, identidad y expresión de género, y características sexuales) se han integrado en programas de lucha contra la discriminación y el odio. Esto incluye desde manuales de formación policial hasta campañas digitales y herramientas educativas en escuelas y universidades, limitando el margen de libertad de expresión. No reconocer la identidad de género puede derivar en denuncias, investigaciones o sanciones, mientras que críticas respetuosas a esta ideología se clasifican con frecuencia como discurso de odio.

El-Nagashi y Zobnina califican este fenómeno de «realineamiento estructural del derecho y la gobernanza europeos», alertando de que la Unión de la Igualdad podría convertirse en una «unión de ideología», donde la realidad biológica es sustituida por la autodeclaración y las voces críticas, especialmente de defensoras de los derechos de las mujeres, docentes y periodistas, quedan marginadas.

Finalmente, las autoras reclaman mayor transparencia y un debate abierto sobre los fundamentos de la agenda europea de derechos humanos. Insisten en la necesidad de mantener un marco que proteja a todas las personas sin renunciar a la base de la realidad biológica, advirtiendo que sin ello las instituciones europeas podrían seguir alejándose de la rendición de cuentas democrática y de la verdad material.