Alemania gastó 24.800 millones de euros en costes vinculados a la inmigración durante 2025, según el Informe sobre el coste de los refugiados del Gobierno federal citado por el Ministerio de Finanzas. Aunque el desembolso bajó en 3.200 millones respecto al ejercicio anterior, la factura siguió situándose en niveles muy elevados para las arcas públicas alemanas.

El documento refleja que una parte destacada del presupuesto federal se destinó a financiar cursos de integración, programas para refugiados y transferencias a los estados federados y municipios por la atención a solicitantes de asilo. Entre esas partidas figura una cantidad fija de 7.500 euros por cada primera solicitud de asilo, canalizada hacia los estados mediante ajustes en la recaudación del IVA.

En 2025, esos anticipos rondaron los 1.250 millones de euros. Sin embargo, el Gobierno federal calcula que podrá reclamar posteriormente unos 250 millones a los propios estados, una vez revisadas las liquidaciones definitivas.

Pese a ese apoyo económico, varios gobiernos regionales consideran que Berlín no cubre ni de lejos el coste real que asumen por la llegada, alojamiento e integración de migrantes. Baviera, por ejemplo, sostiene que las ayudas que concede a sus municipios superan de forma clara las compensaciones recibidas del Ejecutivo federal. Hamburgo también ha reclamado una mayor implicación financiera del Estado.

Uno de los capítulos que más presión está generando es el de los menores migrantes no acompañados (menas). En Renania del Norte-Westfalia, el gasto en alojamiento y atención a estos menores alcanzó los 667 millones de euros en 2025, unos 320 millones más que el año anterior. Las autoridades regionales advierten de que no esperan una reducción rápida de estos costes mientras se mantenga un volumen elevado de llegadas.

Hesse también registró un incremento relevante en esta partida. El gasto destinado a menores no acompañados subió allí en torno a 30 millones de euros, hasta situarse en 234,9 millones. Estos datos han reforzado las quejas de los estados federados, que reclaman más recursos para hacer frente a unas obligaciones que, según argumentan, terminan recayendo sobre sus presupuestos.

De forma paralela, Alemania experimentó en 2025 un aumento de los retornos voluntarios. Según el Ministerio Federal del Interior, 16.576 personas participaron en el programa REAG/GARP, frente a las 10.358 registradas en 2024. Los principales países de origen de quienes se acogieron a esta vía fueron Turquía y Siria, seguidos de Rusia, Georgia e Irak.

Este programa ofrece incentivos económicos a los inmigrantes que aceptan abandonar Alemania. Las ayudas pueden incluir pagos únicos de hasta 1.000 euros por adulto y 500 euros por menor, además de cobertura para desplazamientos y asistencia médica.

No obstante, el sistema ha generado controversia porque algunos beneficiarios han regresado posteriormente a Alemania tras haber cobrado esas ayudas. La normativa actual permite volver sin devolver el dinero recibido si han pasado más de cinco años desde la salida del país.

En la última década, más de 15.000 inmigrantes han regresado a territorio alemán después de haber participado antes en programas de retorno voluntario. Ese dato ha reabierto el debate sobre la eficacia de estas políticas y sobre el control real del gasto público asociado a la gestión migratoria.