Dos miembros del grupo parlamentario «Juntos por la República» (EPR) han presentado en la Asamblea Nacional un informe que destapa el elevado coste y las profundas disfunciones del acuerdo migratorio firmado entre Francia y Argelia en 1968. Este pacto, que en su día se justificó por la necesidad de mano de obra tras la guerra de independencia argelina, se ha convertido medio siglo después en un quebradero de cabeza político y económico para París.

El documento, elaborado por los diputados Charles Rodwell y Mathieu Lefèvre —recientemente nombrado secretario de Estado de Transición Ecológica—, estima que el régimen migratorio excepcional del que disfrutan los ciudadanos argelinos supone un gasto anual de unos 2.000 millones de euros para el Estado francés. La cifra, considerada «astronómica» por los propios autores, pone de relieve el carácter desequilibrado de un acuerdo que, según ellos, «ya sólo beneficia a Argelia».

El trabajo, al que tuvo acceso exclusivo el semanario Le Point, ha sido calificado de «explosivo» por los obstáculos que rodearon su elaboración. Las instituciones francesas se mostraron reacias a facilitar datos, el calendario de publicación sufrió varios aplazamientos —del 25 de junio al 2 de julio y finalmente a una fecha indefinida— y, según fuentes parlamentarias, el Elíseo presionó para frenar su difusión a fin de no agravar la ya deteriorada relación con el Gobierno argelino. «Las relaciones bilaterales están en su punto más bajo; no quieren echar más leña al fuego», admitió una fuente de la Asamblea Nacional.

El informe denuncia además que el Ejecutivo de Argel sigue negándose a expedir los llamados «pases de viaje» para repatriar a sus ciudadanos con órdenes de expulsión (OQTF), lo que convierte el pacto de 1968 en un instrumento sin reciprocidad. Esta falta de cooperación plantea una pregunta clave: ¿Por qué continúa en vigor un acuerdo que Argelia incumple sistemáticamente mientras Francia asume en solitario sus consecuencias?

Más allá de las tensiones diplomáticas, los autores subrayan que el tratado ha derivado con el tiempo en una inmigración mayoritariamente familiar, muy alejada del espíritu económico con el que fue concebido. En 2024, más de la mitad de los primeros permisos de residencia otorgados a argelinos (54,6%) respondían a motivos familiares, frente al 32,4% de los marroquíes. En contraste, sólo un 9,4% de los visados concedidos a argelinos estaban vinculados a actividades laborales, cuando el acuerdo de 1968 se diseñó precisamente para cubrir la demanda de empleo industrial.